Entre sectores de la comunidad jurídica continúa generando rechazo y cuestionamientos la solicitud de prórroga hecha por la procuraduría anticorrupción (PEPCA) para presentar acusación formal contra los imputados en la Operación Antipulpo,

Ayer se pronunciaron sobre el tema el exfiscal Ibo René Sánchez y los abogados penalistas Dennys Otoniel y Many Sierra, quienes recordaron que la concesión de la prórroga supone la suspensión de la prisión preventiva de los imputados, a menos que el Ministerio Público, la víctima o el querellante la justifique ante el juez.

La PEPCA, a través de su titular Wilson Camacho, solicitó el tres de agosto en curso al Tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional una prórroga de cuatro (4) meses, justificándola, entre otras cosas, a la entrega de los resultados de la auditoría que respecto del caso realiza la Cámara de Cuentas.

Presos desde diciembre. Siete de los acusados por supuesta estafa y desfalco al Estado guardan prisión preventiva, desde diciembre del año pasado, unos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) en Najayo, San Cristóbal, y otros en el de San Pedro de Macorís.

Los abogados precisaron que conforme a lo que establece el artículo 228, modificado por la Ley 10-15, el juez no puede reducir el plazo de la investigación “salvo que todas las partes estén de acuerdo “.
A seguidas agrega que “La concesión de la prórroga suspende la prisión preventiva y pone en libertad al imputado, a menos que el Ministerio Público, la víctima o el querellante justifique al juez la prolongación de la misma”.

Asimismo, mostraron extrañeza por el pedimento del Ministerio Público, recordando que desde el inicio de la acusación venían diciendo que tenían cientos de pruebas contra los imputados.
“Esa solicitud de prórroga deja mucho que decir de los fiscales de la PEPCA, y nosotros nos preguntamos si eso ocurrirá también con los demás casos”, dijeron en referencia a las Operaciones Coral y Medusa”.