El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva (ENTRE) afirmaron que es inconcebible que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley 64-00, que en su artículo 117 establece que los municipios donde estén ubicadas explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados.

La afirmación fue realizada durante el panel “Régimen de Participación de los Municipios en los Beneficios derivados de la Minería”, que tuvo como objetivo difundir informaciones sobre las aportaciones del 5% de la industria extractiva, la relevancia económica y legal, la importancia del Estándar de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI) y su posible aplicación respecto al ordenamiento territorial en los municipios afectados.

Los panelistas fueron Anselmo Muñiz, investigador social y abogado; Maritza Ruiz, economista y directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD); y Domingo Matías, sociólogo, investigador socio-político y experto en temas de desarrollo local y reforma de la administración pública.

Durante la actividad, indicaron que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la participación en los beneficios generados por los planes de inversión y desarrollo, en particular los relativos a la exploración y explotación minera de sus tierras ancestrales, es un derecho extensamente reconocido, tanto a favor de las comunidades indígenas como de los pueblos tribales, lo que es asimilable en el contexto dominicano, debido a la conexión intrínseca que poseen los habitantes de un lugar con su territorio, en tanto “base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y sistema económico”.

Citaron al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que establece en su artículo 15 que, ante “cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”, “los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

“Nuestro país tiene abundancia de recursos naturales renovables y no renovables, minerales (Oro, Plata, Zinc, Níquel), con un Estado compuesto de instituciones deficientes, con insuficiente regulación y bajos niveles de cumplimento de la ley, por lo que se asume una alta cuota de corrupción. Por esto es necesario que en nuestro país se impulsen iniciativas para procurar y demandar transparencia en este sector tan fundamental para la economía”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de PC.

Señaló que la participación de la ciudadanía promoviendo y exigiendo la transparencia en esta industria, permitirá incrementar la auditoría social, construir diálogos entre el Estado, la empresa y la ciudadanía, sobre la base de la demanda y análisis de información completa y veraz.

En su intervención, el investigador social y abogado, Anselmo Muñiz, indicó que no existe ninguna transparencia sobre cuáles son los beneficios derivados de la empresa explotadora, añadiendo que lo que se acuerde entre la empresa y el Estado tiene efectos relativos y que los municipios si tienen la facultad de exigir directamente a la empresa o al Estado el pago.

Por su parte, la directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Maritza Ruiz, manifestó que «el Estado debe regular el pago de las empresas mineras sobre la base de las ganancias obtenidas. Si la sociedad civil no se empodera y las comunidades no se movilizan, los recursos de las empresas mineras se van a diluir».

El sociólogo Domingo Matías, explicó que no es lo mismo transferir recursos de las empresas mineras a municipios que a ayuntamientos, indicando que los recursos están muy centralizados y que el clientelismo político se adueña de ellos.

El evento, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa República Dominicana (FLACSO RD), contó con la participación de más de 30 personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y público general.