CIUDAD DE MEXICO. — La súbita extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán para juzgarlo en Estados Unidos marca el final de una era en la que fue el capo de la droga más conocido de México y, para algunos, un personaje de leyenda.
Pero muchos en México la ven también como una maniobra calculada con precisión para limitar los costes políticos del presidente, Enrique Peña Nieto, ya muy impopular debido en parte a la impresión de que no gestionó adecuadamente los duros comentarios de Donald Trump sobre México.
En una rueda de prensa se preguntó al subprocurador general Alberto Elías Beltrán sobre el momento de la extradición. El fiscal respondió que el gobierno federal no puede interferir en las decisiones judiciales.
“Hoy fue resuelto y nosotros en términos del tratado internacional teníamos que hacer la entrega inmediata”, afirmó. Sin embargo, los expertos seguían considerando que el momento del traslado se planificó con cuidado.
“Podría ser una coincidencia, pero creo que eso es improbable”, señaló el analista mexicano de seguridad Alejandro Hope, señalando que la extradición se produjo el último día completo de la presidencia de Barack Obama y horas antes de la investidura de Trump.
“No podían enviarlo después de que Trump asumiera el cargo porque se habría interpretado como un tributo”, dijo Hope. “Pero quizá querían hacerlo lo bastante cerca como para que ambos gobiernos, el saliente y el que llega, pudieran sacar algo de provecho político de esto”.
Otros lo vieron como una recompensa para Obama y un golpe soterrado para Trump, que ha descrito a los inmigrantes que llegan de México a Estados Unidos de forma irregular como delincuentes y “violadores”, además de prometer que construirá un muro en la frontera y hará que México lo pague.