Representantes del gobierno, juristas , expertos nacionales e internacionales, y miembros de organizaciones empresariales y sociales del país, se reunieron ayer para analizar el proyecto de Ley de Compras y Contrataciones sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, y aportar sugerencias que permitan reforzar su conocimiento y su aprobación en las cámaras legislativas.

El análisis que incluyó las fortalezas y debilidades del actual sistema de compras y contrataciones se dio en el marco de un seminario intitulado “Hacia una nueva Ley General de Contrataciones Públicas”, organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) con el patrocinio de la USAID.

Preocupa oferentes

En su discurso central, el vocero de la Finjus Servio Tulio Castaños Guzmán, saludó el nuevo régimen de prohibiciones.

Dijo, no obstante, que a la Finjus le preocupa que en cuanto a los oferentes extranjeros indicados en el artículo 19 del proyecto, a estos se les permita la presentación de ofertas “aún sin autorización ni domicilio para ejercer actos de comercio”.

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Afirmó que eso podría lacerar eventualmente el principio de libre competencia establecido en el proyecto, el cual aspira a proteger el desarrollo nacional; y también restringir el rango de acción de las micro, pequeñas y medianas empresas frente a los oferentes extranjeros.

En ese sentido, sugirió la inclusión en detalle “de aquellos procedimientos que para que resulten verdaderamente competitivos y favorables al desarrollo local y nacional, excluyan expresamente la presentación de oferentes extranjeros, salvo en los casos donde se trate del cumplimiento de convenios acuerdos internacionales.

Control preventivo

Castaños Guzmán dijo que la Finjus además acogía con beneplácito la prohibición permanente establecida en el artículo 25 del proyecto actual con relación a los asuntos que hayan conocido o decidido ex funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones.

Abogó porque ese articulado sea mantenido en la nueva Ley de Compras y contrataciones, asegurando que de mantenerse “ éste se erigirá como pilar fundamental de control preventivo de la corrupción administrativa”.