El contrato de fideicomiso de la central Punta Catalina no es necesario, ya que la termoeléctrica es una empresa sólida que no necesita de aportes privados y porque el contrato deja abierta la posibilidad de que las plantas sean privatizadas.

La afirmación la hizo anoche el ingeniero Bernardo Castellanos, durante su ponencia en el panel virtual titulado “El contrato de fideicomiso de Punta Catalina”, organizado por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

También participaron como expositores la activista social Wendy Santos Berroa, el profesor Apolinar Veloz y el contador y miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana Joseph Abreu.

Castellanos dijo que ve con sorpresa que el presidente Abinader insista en ese fideicomiso, algo que nunca estuvo en el plan de gobierno presentado por el PRM en la campaña.

Además considera inadecuado y suspicaz que Abinader someta un contrato de fideicomiso para algo tan delicado y de tanto costo, como Punta Catalina, sin que todavía exista una ley que lo regule.

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Entiende que de la única forma que el fideicomiso podría ser de beneficio para el país es si existiera una ley que blinde el contrato.

De su lado, Santos Berroa asegura que de aprobarse ese contrato el pueblo dominicano perdería todo el derecho a tener información sobre esas plantas.

Pero además de eso, deploró que en el comité técnico que lideraría el fideicomiso estén integradas personas que pertenecen a grupos empresariales con intereses en el sector eléctrico, entre las que cita a Celso Marranzini.

Serían jueces y parte en los procesos de compras de insumos, que lo comprarían a si mismos de forma sobrevaluada”, expresó.

Apolinar Veloz está en desacuerdo con el fideicomiso

Mientras que el profesor Apolinar Veloz está en desacuerdo con el fideicomiso por entender que es una figura dañina para los activos públicos.

Veloz indicó que en el pasado gobierno Punta Catalina funcionó bien, distinto a esta gestión, que la mal administra, “es probable que con el propósito de justificar que sea pasada al sector privado”.

El contador Joseph Abreu manifestó que le preocupa que el Gobierno haya dado tan poca información sobre el fideicomiso y dijo que el mismo tiene que estar sujeto a las normas que promueven la transparencia de bienes públicos y no incluir cláusulas que lo eximan de la rendición de cuentas.

“Todo bien público tiene que estar sujeto a las normas que rigen las compras y contrataciones públicas y la rendición de cuentas”, explicó Abreu.