Hoy 
El sistema de ley y orden en su rol de protección ciudadana queda mal parado por la forma recurrente en que pierden la vida, o son arruinados existencialmente, niños y adolescentes. No son tan excepcionales como parecerían los casos de Esmeralda Richiez, descrita por el Ministerio Público como víctima mortal de una violación en Higüey, y del niño Donelly Martínez, baleado letalmente en Santiago por un agente policial desconocedor de los límites.
Otros portadores irresponsables de armas de fuego, civiles y uniformados, constan en el registro de derramamientos de sangre de los últimos años como homicidas de seres inocentes e indefensos generalmente ajenos a los motivos que llevan a disparar sin precisión. La justicia ha debido responder con calificaciones graves y severidad de castigo a tales desafueros para sentar con proyección al futuro precedentes de protección a la sociedad.
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Igual de condenable es la relación carnal de hombres hechos y derechos con personas sin condición legal para el consentimiento que en la práctica encuentra ausencia de las acciones judiciales que corresponden y muy poca reprobación social fuera de reclamar al violador contraer matrimonio con la violada; tratándose de un crimen que ningún acta civil condona.
Órganos sociales y ramas del Ministerio Público llamados a asistir a los menores de edad deberían imprimir vigor a sus desempeños y unir protagonismos en nombre de tantas vidas perdidas por debilidades institucionales.
