El exprocurador Radhamés Jiménez Peña se mostró a favor de la modificación del artículo 85 del Código Procesal Penal, por considerarlo una aberración y que personas y grupos lo convertán en un negocio para extorsionar. Consideró inaceptable que en pleno siglo XXI se le quiten atribuciones al Ministerio Público para dárselas a la población.
“Imaginen que 500 ciudadanos se pongan de acuerdo para poner querellas en todos los tribunales del país, porque, como ustedes podrán haber visto, además de lo perjudicial y dañino para el sistema democrático, la acción penal popular se constituía en una especie de negocio y chantaje que muchos individuos, incluso asociaciones, tomaban como un medio para buscar recursos y extorsionar a determinadas personas”, dijo.
Para Jiménez Peña el artículo era, además, inconstitucional, porque en la Constitución está establecido que los ciudadanos tienen el derecho de denunciar cualquier acto de corrupción y el Ministerio Público a perseguirlo. “La dicotomía que había en lo que establecía el artículo 85 del Código Procesal Penal era que, por ejemplo, 10 millones de dominicanos podrían constituirse en fiscales; eso no puede ser, e incluso llevar esos casos hasta las últimas instancias del Poder Judicial y eso podría hacer colapsar el sistema de justicia”, dijo.