Uno de los implicados en el caso de corrupción conocido como Calamar estuvo como viceministro Técnico Administrativo de Hacienda hasta hace seis meses, cargo en el que fue designado el 16 de agosto de 2020 por decreto.

Frixo Messina Arvelo, quien hasta agosto del 2020 fue director de Operaciones de la Dirección de Casinos es ahora testigo del Ministerio Público, con el suministro de informaciones relativas a los operativos de la supuesta estructura denominada “El Proyecto o El Programa”.

Esta entidad estaría dedicada al cobro ilegal de una mensualidad a las bancas de loterías, deportivas y a los colmados que tenían máquinas tragamonedas ilegales. De acuerdo con la fiscalía en su solicitud de coerción, esto en coordinación con la alta gerencia del Ministerio de Hacienda encabezada por el imputado exministro Donald Guerrero.

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A raíz de la investigación, Messina entregó de forma voluntaria, el 11 de marzo de 2022, decenas de documentos de los operativos desde 2017 a 2020 cuando cerraron cerca de 30,000 bancas, abiertas según el Ministerio Público solo cuando sus propietarios pagaban sobornos.

La acusación dice que los imputados Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar de Hacienda, ejecutaban la parte operativa.

Mientras que Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña serían parte de la estructura aunque no funcionarios e instruirían a Messina Arvelo sobre el cierre de bancas.

“El Departamento de Operaciones de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar debía reportase a la estructura no gubernamental, donde las solicitudes de operativos recibidas en la Dirección debían ser canalizadas con Crisóstomo para fines de autorización y agenda…. a Mesina se le suministraba un listado con los nombres de las bancas de apuestas sobre las cuales debían tener autorización antes de intervenirlas, y de las que podían monitorear o en su defecto cerrar”, dice expediente.

Asegura que es una estructura con un alto nivel de organización y donde todo era contabilizado y se registraba como operativos realizados, intervenciones, las máquinas y los equipos incautados.

La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) relata que dentro de los cobros ilegales en el denominado proyecto o programa destacan el ejecutado al señor José Melchor González Calderón, dueño de la banca La Suerte, King Sport, Salce y del 50% del Consorcio de bancas Antonio Santa Cruz, teniendo en total 2,029 sucursales en todo el país, a quien en octubre de 2016 le habrían intervenido de manera arbitraria 50 bancas.

La imputación asegura que por la acción González requirió una respuesta directa del ministro de Hacienda, pero en cambio recibió una llamada de Crisóstomo, quien lo invitó a reunirse en una plaza comercial y allí le exigió el pago mensual de 3,000,000 a cambio de dejar de intervenirle sus bancas, por lo que habría acordado pagar un millón mensual, y que llegó a un total de 43,000,000 desde 2016 hasta agosto de 2020, pagos que entregaba en efectivo, según la Pepca.

De este proyecto ilícito habrían sido entregados cada mes 2,000,000 a Chalas Guerrero y luego a Fernández. A Crisóstomo y Ureña entre 1,000,000 a 1,700,000 y a Mimilo entre 8,000,000 a 11,000,000. A José Pablo Ortiz 500,000 y a Messina 200,000 para continuar con cierres.