Está circulando una propuesta nada novedosa de incluir en la factura eléctrica el cobro de la recogida de basura, con el sano propósito de garantizar el pago de dicha actividad por parte de los ciudadanos y usuarios de esos servicios públicos, lo que ha sido practica en distintos países, incluyendo en su momento en nuestro país.

La integración del pago del servicio de recolección de basura junto a la factura eléctrica no responde a un interés de eficiencia que no sea el alcanzar una vía para asegurar el pago de un servicio tradicionalmente deficiente y por lo cual la población se resiste a pagar.

Al pretender esto se hace provecho del mecanismo de fuerza que tienen las distribuidoras para provocar el pago a través de la suspensión del servicio eléctrico, ya que para el usuario no es posible separar ambos cobros, pues de poder hacerlo va a discriminar uno frente al menos eficiente: la basura.

Es una práctica que fue superada hace tiempo en nuestro país ponderando las serias y graves dificultades que implicaba una gestión de cobranzas en las ventanillas de las empresas distribuidoras del servicio eléctrico, la que incluía la gestión de dichos recursos y su redireccionamiento hacia las alcaldías como justos beneficiarios de esas recolecciones.

Los ingresos por ambos servicios tendrían que contar con un sistema contable totalmente separado que evite la “confusión” de cobros no imputables al servicio eléctrico y que resulte de fácil acceso a los cabildos poder recibir los valores recaudados en las cajas de las distribuidoras. No parece difícil especular sobre un escenario en esas condiciones.

Uno de los primeros obstáculos a los que se puede enfrentar esta propuesta nace en los propios usuarios que no siempre serán coincidentes con el titular del contrato de energía, aunque de manera arbitraria se le atribuya la responsabilidad del pago del servicio de recogida de basura. Esto resulta así por las debilidades en la actualización de datos de usuarios en ambas entidades de servicios.

La carencia generalizada del servicio de recogida y disposición final de la basura de parte de los cabildos, regularmente deficiente, genera un malestar en la población que terminará en las puertas de las distribuidoras, agravando su ya precaria valoración en la población.

Esto podría provocar resistencia al pago del servicio electrico pudiendo afectar la caja de las distribuidoras, a pesar de contar con un mecanismo más efectivo para generar el pago. Esa fue la experiencia en el pasado.

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El ruido social que causaría en la población el tener que pagar por un servicio de recogida de basura que no se presta eficientemente, o que incluso no le resulte imputable, tendría un impacto de interés en los oídos políticamente sensibles de las autoridades.

Las empresas distribuidoras de electricidad tienen ya suficientes problemas que resolver para que se les endose una gestión de cobro de un servicio que le supera en insatisfacción en la población y que provocaría déficit de atención a sus prioridades esenciales, por más incentivos que se les puedan ofrecer con ese propósito.

A pesar de las aparentes bondades que pueda tener la propuesta, es necesaria una ponderación cercana a los esquemas de su implementación y el impacto negativo que pudiera ocasionar considerando las debilidades institucionales en ambos servicios.

De esquivar estos aspectos puntuales, la propuesta puede resultar factible como lo ha logrado hacer en otros países de la región.