Loyda Peña 
Fèlix Alburquerque conducido a audiencia.
La falta del arma de fuego con la que el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque mató al comunicador Manuel Duncan, fue determinante para que la jueza Patricia Padilla lo enviara ayer a juicio de fondo por homicidio involuntario y no “voluntario” como solicitaba el Ministerio Público.
Entre sus argumentos para variar la calificación jurídica del caso, la magistrada Padilla dijo que de los elementos probatorios presentados contra Alburquerque no configuran los elementos constitutivos de la violación al porte y tenencia de armas porque el Ministerio Público “no aportó ningún arma ocupada al imputado ni existe ningún acta que indique la ocupación de ningún arma legal a Alburquerque”.
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Al margen de que “es un oficial que ha desempeñado un alto rango en las fuerzas castrenses que posee más de 10 armas asignadas, por lo que no existe lógica para que haya utilizado un arma ilegal..”
Señaló que la configuración del ilícito (homicidio voluntario) establece que es necesario requerir la presentación de las armas de fuego para su exposición a los prevenidos, entre otros requisitos.
El beneficio del imputado
De ser condenado por un colegiado a donde irá ahora el caso, por homicidio involuntario, la pena imponible para el oficial sería de tres meses a dos años de prisión correccional y pago de una multa equivalente a la tercera parte de un salario mínimo, de acuerdo con el artículo 319 del Código Penal Dominicano (CPD).
Si se apela sentencia y se varía la calificación a “homicidio voluntario”, aplicaría el artículo 304, y la pena sería de tres a 20 años.
