Familiares de ocho menores que murieron en un accidente de uno de los autobuses del estatal Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet), ocurrido el 20 de marzo de 2011 en Aras Nacionales, Villa Mella, llamaron hoy al presidente de la República, Danilo Medina; al de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, y al procurador general Francisco Domínguez Brito, a acatar la sentencia definitiva que dispone se les indemnice con el pago de 17 millones de pesos.

Hablando a través de sus abogados Henry Soto Lara y José Chía Sánchez, los parientes de las víctimas se quejaron por la negativa de las autoridades de acatar el veredicto emitido por la SCJ, y porque «han sido abandonados tras la tragedia en la que perdieron a sus seres queridos».

Los abogados, quienes se hicieron acompañar de la señora Nury Geraldo, vocera de los familiares de las siete víctimas del referido accidente, recordaron que ya el chofer del vehículo cumplió la condena de 5 años en la cárcel Modelo de Najayo, pero que el Estado como propietario del autobús, a través del Fondet, no ha querido acatar lo relativo a la indemnización.

Recordaron que a raíz del accidente, Domínguez Brito se comprometió a no desamparar a los familiares de las víctimas en sus reclamaciones ante la justicia, «pero que eso ha sido echado al olvido». Agregaron que igual promesa les hizo la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández.

Soto Lara explicó que al igual que la guagua en la que se produjo el fatal accidente, hay en las calles unas ocho mil unidades en las calles asignadas a choferes, movimientos y sindicatos que están ocasionando accidentes de tránsito y cuando tienen choques, los responsables desacatan las sentencias condenatorias.

Indicó que en primer grado, Fondet fue condenado al pago de una indemnización de 65 millones de pesos, cuya sentencia fue recurrida por ante la Corte de Apelación y luego a la Suprema Corte de Justicia y en definitiva existe la condena por 17 millones en contra de dicha institución como propietaria del vehículo envuelto en el accidente.

Precisó que en esa sentencia condenatoria no se habla de los accidentes que son producidos por personas que en estado de embriaguez ocasionan muertes que llevan luto a las familias dominicana, como en el presente caso.

¨En nuestro caso el Estado no ha tenido una tutela efectiva para proteger los derechos afectados de estas víctimas , porque tenemos la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia donde un funcionario del Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre se ha negado acatarla, a pesar de haber hecho el procedimiento para cobrarle al Estado¨, añadió.

De su lado, el abogado Chía Sánchez, lamentó el drama que les ha tocado vivir los padres y otros familiares de los ocho adolescentes que junto a otros participaban de una excursión, quienes murieron el domingo 11 de marzo de 2011 provocado por el chófer del autobús en que estos y otros viajaban, y que se determinó estaba borracho, por lo que fue condenado a cinco años de prisión.

Mientras que Nury Geraldo, vocera de las familias de las víctimas, clamó por la intervención de primer mandatario de la nación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República, a fin de que se ejecute la sentencia que establece la indemnización de los 17 millones de pesos.

Asegura que aún no se recuperan del trauma vivido, y se quejó de que las promesas que les hicieran la vicepresidenta Cedeño de Fernández y el procurador general Domínguez Brito, de que les darían seguimiento al caso, haya quedado en el olvido