Familiares del ex recluso Wander Francisco Martínez (Lamparita), quien presuntamente fue encontrado ahorcado en una celda de la cárcel de La Victoria, negaron hoy que el interno se haya suicidado como informaron el pasado jueves las autoridades, por lo que piden una investigación más profunda sobre el caso.

La madre de hoy occiso, Urda Altagracia Martínez, quien se hizo acompañar en rueda de prensa de sus hijas Andreina y Rosanna Martínez, y el presidente de los Derechos Humanos sin Rostros, Eugenio Torres, atribuyó la muerte de su hijo a la corrupción, la mala administración y los negocios que se desarrollan en el penal.

«El no tenía ninguna condiciones para ahorcarse. Él estaba muy contento. El estaba haciendo diligencias para salir en octubre; tenía 17 años preso de una condena de 20″, explicó la señora Martínez.

Agregó que la muerte del recluso pudo originarse porque él era el encargado de La Plancha, la celda de castigo donde murieron las cuatro personas de nacionalidad haitiana, y lo sacaron de ahí «porque él pagaba 15 mil pesos semanal a un coronel, y llegó otro nuevo (otro oficial) y ese quería 25 mil pesos».

Sostuvo que ante esa orden del nuevo coronel, Martínez dijo que no podía dárselo, lo que trajo como consecuencia su traslado a la celda donde posteriormente fue encontrado muerto.

Fue ejecutado. Mientras que Torres, de los Derechos Humanos Sin Rostros, dijo que cuando realizaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa de la muerte de Martínez, encontraron que éste no se había suicidado, sino que fue ejecutado.

«Primero, tenía en el lado de la fosa nasal derecha un cigarrillo introducido por dentro; un golpe contundente del lado izquierdo de la frente; varios moretones en las costillas y en la espalda de los batazos que le dieron», explicó.

Además, dijo que algunas señales propias de las personas que se ahorcan no fueron identificadas en el cadáver de la persona.

Torres coincidió en que el motivo de su muerte estuvo vinculado a su rol como encargado del La Plancha, trabajo por el cual tenía que dar semanalmente 15 mil pesos a un oficial que era encargado de la gestión de los presos, pero que al llegar un coronel, a quien identifico solo como Aquino, éste le exigía el pago de 25 mil pesos.