La Habana. Las FARC y el gobierno colombiano cerraron el viernes un ciclo de las conversaciones que adelantan en Cuba para lograr la paz, con el anuncio de que comenzarán a desminar de manera conjunta dos departamentos de la región central del país.

“Ya hemos acordado que los sitios comprenderán a dos departamentos: Antioquia y Meta”, dijo el representante oficial Humberto de La calle, durante una declaración ante periodistas.

Colombia es, según fuentes oficiales, el país con más minas en el mundo, luego de Afganistán.

De La Calle no especificó que localidades exactas serán las que se comenzarán a limpiar, pero sus asistentes indicaron que serán dos o tres en cada uno de los departamentos mencionados.

Desde la década de los 90, cuando comenzó a realizarse recuentos sistemáticos, unas 12.000 personas fueron víctimas, entre heridos y muertos de las minas antipersonales y otros explosivos de contacto artesanales.

Aunque las fuerzas armadas colombianas fueron certificadas internacionalmente en 2003 por no usar estos artefactos, otros además de las FARC si los emplean como la otra guerrilla activa, el Ejército de Liberación Nacional; los grupos paramilitares y las bandas de narcotraficantes.

Las partes comenzaron sus negociaciones a finales de 2012 en base a una agenda preestablecida de seis puntos, de los cuales ya lograron acuerdos parciales en tres: problemas de la tierra, combate al narcotráfico y participación política.

Actualmente se encuentran enfrascados en el tema sobre resarcimiento a las víctimas. “Las víctimas son el eje fundamental de estas conversaciones”, dijo De La Calle, representante personal del presidente Juan Manuel Santos para este diálogo que cuenta con el auspicio de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile.

De La Calle comentó además que un grupo de expertos estuvo trabajando “con toda seriedad y compromiso en propuestas para la aplicación diferenciada de mecanismos de justicia transicional para militares y policías”.

De manera separada, el comandante Iván Márquez también dio a conocer su opinión sobre las jornadas y enfatizó en que en el tema de la justicia no debe manejarse para castigar a la guerrilla.

“A La Habana vinimos a hacer la paz, no a someternos”, expresó Márquez, cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango.

Además el comandante rebelde exhortó al estado a asumir su verdadera responsabilidad en el conflicto, toda vez que los estudios de la Comisión Histórica del Conflicto muestra que fueron los gobiernos de turno quienes desencadenaron más de seis décadas de conflicto social. Las partes indicaron que volverán a reunirse el 10 de abril.