Grupos feministas pidieron este jueves al Senado de la República Dominicana “corregir” el proyecto del nuevo Código Penal porque no incluye las tres eximentes a la penalización del aborto y porque discrimina a la comunidad LGBTI.

Las defensoras de los derechos de las mujeres hicieron su alegato un día después de que la Cámara de los Diputados aprobara en segunda lectura el nuevo Código Penal, que permitirá el aborto en una excepción, el riesgo para la vida de la madre, y que no considera que sea delito discriminar a alguien por su orientación sexual.

“Hacemos un llamado al Senado de la República a no autorizar, a corregir un Código Penal de la muerte, un Código Penal de la discriminación, que deja fuera y desconoce los derechos de más de la mitad de la población dominicana, que es negador de derechos fundamentales y que además autoriza la discriminación a la comunidad LGBTIQ”, dijo la activista Natalia Mármol en una rueda de prensa.

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Las activistas extendieron su llamamiento al presidente Luis Abinader, a quien advirtieron de que si promulga el Código Penal tal y como fue aprobado en la Cámara de los Diputados, República Dominicana será “la vergüenza frente al resto de países del mundo».

Este miércoles, la Cámara de los Diputados aprobó en segunda lectura el Código Penal y volvió a rechazar la inclusión de las llamadas “tres causales” en los artículos que se refieren al aborto.

El texto del nuevo Código Penal permite la interrupción del embarazo en una única excepción, el riesgo para la vida de la madre o el feto, pero solo en el caso de que se hayan agotado todas las posibilidades médicas para evitar la muerte de ambos.

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Las feministas reclaman que también se permita el aborto en el caso de violación o incesto y si el feto tiene una malformación que no le permita sobrevivir después del parto.

En la votación del miércoles, los diputados también aprobaron modificaciones en el Código Penal que afectan a la protección de los homosexuales y transexuales.

Según la nueva redacción del proyecto del Código Penal, no se considerará un delito de discriminación negarse a contratar a una persona por su orientación sexual o su género, o negarse a suministrarle un bien o servicio por los mismos motivos.

La condición sexual tampoco será considerada como un agravante en crímenes como el homicidio o las torturas, según lo aprobado por los diputados, en un texto que deberá ser analizado ahora por el Senado.