El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) criticaron ayer severamente el proyecto Ley de Fideicomiso Público, el cual calificaron de un retroceso a la transparencia y lucha contra corrupción. Además piden que sea revisado de manera minuciosa y que no sea aprobado al vapor.

En el caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) su presidente Miguel Surun Hernández se mostró opuesto a lo que consideró un “mal llamado proyecto de Ley de Fideicomisos”, porque a su juicio legaliza la entrega fraudulenta y gratuita en favor de empresarios por parte de los Gobiernos de turno del patrimonio público y porque genera la emisión de deuda pública de manera incontrolada, sin fiscalización, ni registro alguno.

Según Surun Hernández, dicho proyecto de ley contempla la exclusión de manera expresa en su artículo 13 de la ley de compras y contrataciones, usando un sofisma de que las compras se harán mediante los principios de dicha ley, pero mediante los reglamentos aprobados por el director de la DGCP acorde a estándares internacionales.

“Dicha pieza legislativa, por tocar asuntos relativos a inversión y planificación pública, es de carácter orgánico y por vía de consecuencia debe ser aprobado por al menos las dos terceras partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras”, advirtió Hernández, quien amenazó con apoderar al Tribunal Constitucional, si el Congreso Nacional la aprueba, ya que es atentatoria contra los intereses del pueblo dominicano.

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El presidente del CARD lamentó que los voceros del Gobierno expresan falsedades y tratan de confundir a la opinión pública, ya que de conformidad con el artículo 13, dicha legislación incluye la ley 340, a tal punto que en lugar de hacer las compras conforme al reglamento de la ley 340 y sus disposiciones se deben hacer de acuerdo con cada uno de los reglamentos que apruebe cada fideicomiso, por lo que habrá decenas de reglamentos de compras.

Además, señaló que la pieza excluye y dificulta lo que es la información pública, la ley 200-04 y encarga a la Superintendencia de Bancos una supuesta fiscalización, tratando de emular lo que es el secreto bancario.

«Hoy en día no se sabe cuanta deuda pública han tomado los distintos fideicomisos, que sí están cubiertos tanto por la ley 340, artículo 2 de dicha pieza de compras y contrataciones, porque se trata patrimonio público.

Habla Vidal Potentini

En el caso del presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), presentó un documento donde plantea las incongruencias, objeciones e inconstitucionalidades contenidas en el referido proyecto de ley y recomienda “extrema cautela”, para que los fideicomisos no se conviertan en gobiernos privados, al margen de la racionalidad objetiva y fuera de los periodos constitucionales de gobierno.

En su documento el jurista Trajano Vidal Potentini expresa que, aunque el formato y la estructura del proyecto aprobado por el Senado, contiene muchos avances, también posee otros aspectos que son preocupantes, “como las ambigüedades y poca claridad, con las contrataciones públicas y el acceso a la información pública, el carácter irrevocable y la duración de hasta 30 años de los fideicomiso y la composición de los comité técnico, en donde el sector privado de 5 integrantes podría tener 3, y con ello la mayoría en la decisiones”.

El doctor Potentini manifestó su inquietud sobre lo que parecería un contrasentido, y es el hecho de que Luis Abinader necesite la aprobación congresual, para el endeudamiento mediante un fideicomiso.

Llamó la atención de que una vez constituido el fideicomiso, podrán los administradores, no sólo endeudarlo a sus anchas, sino hacerlo sin que esto figure como deuda pública.