El anuncio de que el Fideicomiso Público-Privado Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible) gestiona la construcción de plantas procesadoras de residuos sólidos (RS) y de relleno sanitario con una inversión pública y privada proyectada en $19,980 MM, provenientes en su mayoría de las empresas que construirían instalaciones para reciclar y rentabilizar los residuos sólidos, resulta alentador en su propósito de asumir la solución a cerca de 300 vertederos a cielo abierto en toda la geografía nacional.

La Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos Núm. 225-20, parte de la necesidad de desarrollo de infraestructuras y servicios de gestión de los RS como manera de mitigar la afectación a la calidad medioambiental, la salud pública y los gases de efecto invernadero.

Con ese propósito fija como objetivo la definición de políticas para la prevención de generación de residuos y la definición de un régimen jurídico de su gestión integral para fomentar “la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización”, así como regular los sistemas concernidos con dichas actividades referentes al transporte, barrido, disposición final, centros de acopio y plantas de revalorización.

Dentro de la jerarquización de la gestión de los RS, la propia ley incorpora en un tercer lugar “valorizar los residuos por medio de distintos procedimientos, incluyendo la separación, la recuperación del material y su aprovechamiento energético”, priorizando el reciclaje, “según criterios técnicos, ambientales, económicos y sociales”.

En este escenario resulta de interés observar el proceso de transición energética con un mejor aprovechamiento de las energías renovables y como la revalorización de los residuos sólidos puede representar un abordaje de interés para dos problemáticas de impacto nacional: el energético y la gestión y disposición final de los residuos sólidos.

En una misma actividad se hace un aprovechamiento integral que encuentra fundamento en la propia Ley Núm. 225-20 y en la Ley Núm. 57-07 de incentivo a las energías renovables, donde se estimula de desde la legislación el uso de los RS para la generación eléctrica, reconociendo espacios de hibridación con un combustible fósil, como lo sería el gas, que permitirían un mejor aprovechamiento del poder calorífico de los RS.

Existen algunos proyectos de energía ya concesionados que procuran aprovechar este impulso normativo para la revalorización de los RS, que requieren de una voluntad política firme que facilite su progreso dentro de una estrategia como la que pretende desarrollar el DO-Sostenible.

Dimensionar el efecto positivo del aprovechamiento de los RS en el sector energético requiere una visión amplia, sin prejuicios, que permita superar su comprensión limitada a la generación eléctrica para comprenderla como parte de una solución a un grave problema que gravita en nuestra sociedad y que debe enmarcarse dentro del interés del Estado en diseñar estratégicamente una política pública alineada con el manejo responsable del medioambiente.

Esa revalorización energética de los RS se presenta como una de las mejores alternativas en el manejo y disposición final de los RS, superando incluso en ventajas a la siembra de rellenos sanitarios que al final estarán impactando el subsuelo y las aguas subterráneas como consecuencia de los lixiviados.

Basta mirar la experiencia internacional, especialmente Suecia, donde apenas el 4% de sus residuos llega a los vertederos mientras el resto que no se recicla o reutiliza está destinado a generar energía mediante la incineración (proceso conocido por sus siglas en inglés como WTE).

Esperemos que finalmente se superen las barreras burocráticas, que en ocasiones se revisten en excusas técnicas insostenibles, para que así pueda avanzar en la implementación en nuestro país de una verdadera revolución en la revalorización energética de los RS.