EFE 
Matrimonio (Fuente externa)
Manila. La católica Filipinas es el único país del mundo, junto al Vaticano, donde el divorcio es ilegal.
La elección de un nuevo presidente el próximo 9 de mayo no cambiará esta situación, ya que ninguno de los candidatos con opciones incluye este asunto en su programa electoral.
En los tres meses de una frenética campaña que concluye el sábado, los principales candidatos no han dado ninguna prioridad a este asunto y han expresado su opinión solo cuando han sido preguntados, en especial en un debate con casi todos los aspirantes organizado por CNN Filipinas en marzo.
Leni Robredo, la candidata de imagen progresista por sus políticas redistributivas y su cercanía a los grupos LGTBI, se posicionó en contra pese a expresar su comprensión por las personas de pocos recursos atrapadas en matrimonios fallidos.
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De haber mostrado una actitud más abierta ante el divorcio esta católica practicante quizá no hubiera podido recibir el apoyo que le dieron este miércoles más de 1.200 obispos y sacerdotes, que la ven como la única candidata capaz de detener el ascenso de Ferdinand “Bongbong” Marcos, líder en las encuestas con más del 50 por ciento de intención de voto.
Ausente en los debates y alérgico a las entrevistas difíciles, el hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos enfatizó esta semana que “el divorcio no debería ser fácil en el país”, alertando de que una ley legalizando la separación conyugal podría generar tasas de divorcio del 50 por ciento”, como ocurre en varios países europeos (en España superaron el 62 % en 2014).
Solo los candidatos minoritarios Leody de Guzman, Faisal Mangondato y el conocido senador Panfilo Lacson se han mostrado a favor de permitir el divorcio, aunque de Guzman, con una intención de voto del 0,02 por ciento, es el único que lo incluye de forma abierta en su programa.
Sin embargo, la profesora de la Universidad de Filipinas Jean Encinas-Franco, explicó a Efe que “el hecho de que se haya preguntado por el divorcio a los candidatos presidenciales, muestra que hay una mínima apertura en el debate político”.
El Congreso de Filipinas ha intentado en los últimos años tramitar leyes para permitirlo, pero siempre han naufragado en la Cámara Alta debido al rechazo de los grupos más conservadores y la presión de las poderosas instituciones religiosas, en especial la influyente Iglesia Católica.
