Tania Hidalgo 
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) planteó ayer la necesidad de que una comisión especial estudie el proyecto (aprobado por el Senado) que introduce modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, de manera que pueda establecerse su armonía respecto al ordenamiento jurídico y el impacto económico.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, cuestionó que la iniciativa legislativa fuera aprobada sin ser sometida a consulta pública, excluyendo actores claves como el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás sectores a ser impactados.
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Según expresó el jurista el proyecto introduce cambios significativos como aumentos en el sistema de pagos y valorización, el uso de materiales aditivos, extensión para la eliminación de plástico, entre otros.
“Con el conocimiento de estas modificaciones, se vulneran los principios de participación e inclusión”, precisó Castaños Guzmán.
Además, agregó que la pieza contempla un aumento desproporcionado de las contribuciones, “lo que podría generar un impacto negativo en la competitividad de las empresas de sectores productivos”.
También, se violaría el principio de razonabilidad y expondría la posibilidad de un escenario de doble tributación.
