Loyda Peña 
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió a la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados depurar el contenido del proyecto de Ley que crea del Colegio Dominicano de Economistas (Codeco), para que su aprobación sea viable.
Dijo que no obstante las mejoras introducidas a algunos de sus artículos dicho proyecto de ley “sigue constituyendo un riesgo” para el adecuado ejercicio de la profesión de economía, en el contexto de una sociedad de libre mercado como el que establece la Constitución dominicana.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus dijo que si bien el proyecto de Ley no prevé directamente la colegiatura obligatoria, como sí ocurre con los abogados, los médicos y los ingenieros, “se abroga el derecho de imponer como regla general que para el ejercicio de la profesión económica en el país se deben cumplir con los requisitos establecidos por el Codeco”.
Afirmó que eso, unido a otras disposiciones que hay en el texto de la propuesta, “evidencian que se trataría de una verdadera corporación de derecho público con potestades regulatorias que, a nuestro juicio, excederían el radio de acción de los colegiados, afectando con ello el libre ejercicio de la profesión de economía, con las consecuencias que ello entrañaría para la libre empresa y los proyectos de inversión que requiere el país para estimular el desarrollo socioeconómico”.
Corporación crea trabas. Señaló que bajo los parámetros del artículo 26 del proyecto, se estaría frente a un régimen jurídico complejo, distinto de las asociaciones y sindicatos profesionales creados por los particulares sin ninguna delegación de potestades públicas, sino con la finalidad de la representación sectorial y profesionalización de sus colegiados.
Castaños Guzmán refirió que la creación de una corporación profesional de derecho público está sujeta a parámetros de razonabilidad y necesidad.
Agregó que en el Estado social y democrático de derecho la regulación de las profesiones está determinada por razones o criterios de riesgo, es decir, ponderando la afectación que ciertas actividades pudieran ocasionar a bienes jurídicos o intereses colectivos, y el estado detenta la responsabilidad de verificar las capacidades técnicas e idóneas en el ejercicio de las profesiones que pudieran afectar la vida o salud de las personas
“Por todo lo expuesto la Finjus considera que la corporación de Derecho Público Codeco no resulta adecuada, pues no se justifica su creación, al no prevenir riesgo alguno ni corregir dificultades del mercado, sino que, al contrario, en sí misma crea trabas innecesarias e irrazonables para la profesión de los economistas”.
Pedimento. Es por todo lo antes señalado que la Fundación Institucionalidad y Justicia solicita que esta iniciativa de ley siga sometida a estudio por la comisión especial de la cámara baja, “para depurar su contenido para que sea viable y se alcance el consenso social previo que amerita su aprobación”, declaró Castaños Guzmán.
47 años de fundado. Tiene el gremio que agrupa a los economistas del país, y aún no posee un marco legal que le permita a esos profesionales ejercer dentro de reglas establecidas.
