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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) instó ayer al Gobierno y al Congreso a coordinar una modificación del Presupuesto General de la Nación, a fin de adaptarlo a las exigencias institucionales que demanda la nueva Constitución.
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, afirmó que sería imposible implementar una Carta magna que descansa en el trabajo de instituciones y órganos fundamentales, si no se destinan los recursos económicos necesarios para costear los gastos operativos de esos órganos .
Señaló que la no asignación de partidas suficientes en el Presupuesto del 2010 para que puedan implementar las transformaciones ha impactado de manera negativa a la Defensa Pública, institución que el año pasado logró su autonomía administrativa y presupuestaria al terminar los cinco años de dependencia del Poder Judicial.
Los escollos. Dijo que no puede existir ninguna discusión seria sobre el respeto del derecho de la seguridad y la libertad personal consagrados en la nueva Constitución en el artículo 40 y sus mecanismos de tutela, como aparecen en el artículo 69, si no se asume como un problema vital los recursos económicos suficientes para operativizar la Defensa Pública, debido a que ella es la representación de casi el 70% de los imputados en materia penal a nivel nacional.
Resaltó que el déficit presupuestario ha obligado a la Defensa Pública a tomar medidas que incluyen la cancelación de decenas de abogados de oficio que transitoriamente cubrían los servicios de defensa gratuita por la falta de defensores públicos; reducción del personal de apoyo administrativo en las oficinas de la defensa, y la eliminación de los viáticos que cubrían el transporte de las visitas de los defensores a las cárceles.
