Melvin Matthews 
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha sugerido al presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, que recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) para exigirle al presidente Danilo Medina el presupuesto que por ley le corresponde, formalizando la demanda como un conflicto de competencia.
El portavoz de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, entiende llegado el momento de ponerle fin a la irregularidad existente en la asignación presupuestaria del PT, y destaca que la ley consigna a la Justicia el 2.66% del PIB, pero esta apenas recibe el 52% del referido porcentaje.
Sin embargo, Castaños no explica mediante cuál mecanismo lograría el Constitucional obligar al Poder Ejecutivo entregar esa cuota del PIB al Poder Judicial. Pensamos que la Suprema Corte sometería al TC una demanda de incompetencia contra el Ejecutivo y que, escuchadas las partes, el Constitucional acogería la demanda y declararía inconstitucional el alegado incumplimiento presupuestario del presidente Medina con las sanciones condignas. Un pleito azuzado por FINJUS.
Pero, ¿cuál sería la respuesta del Ejecutivo dada la insuficiencia de recursos para satisfacer esa demanda? La respuesta es simple: se originaría un pleito entre poderes con el escándalo subsiguiente junto al descrédito para el mandatario y la ganancia ante la opinión pública para la sociedad civil.
Sensato ha sido, por otra parte, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun, al sugerir una tercera ola de reformas que aumente el presupuesto judicial y apruebe normativas para “blindar” a jueces y fiscales.
Mientras tanto, el consultor jurídico del PE, Flavio Darío Espinal, reveló que el presupuesto judicial del 2018 es de RD$7,500 millones, más del doble encontrado por Germán cuando llegó a la Justicia en 2010. Medina aumentó en más de RD$13,000 millones el presupuesto combinado de la Justicia y el Ministerio Publico.
