EMILIO GUZMÁN M. 
Servio Tulio Castaños
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que la paralización de docencia por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) viola en derecho a la educción de los estudiantes y afecta los planes de mejora del sistema educativo dominicano.
La entidad emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los continuos paros de la docencia del gremio educativo y su convocatoria a futuras suspensiones en el actual calendario escolar.
Protesta y educación
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, manifestó que si bien el derecho a la protesta es una facultad constitucional, esa libertad no puede ponerse por encima del derecho a la educación.
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Castaños Guzmán recordó que en la sentencia 64-19, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto, su ejercicio está supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, recaudos y límites”.
Pero además de eso, el vicepresidente ejecutivo de Finjus sostuvo que con las paralizaciones de docencia el mayor perjuicio recae sobre los estudiantes, que de manera indirecta sufren el conflicto y que requieren de programas educativos estrictos y direccionados, que tengan como meta garantizar estrategias oportunas para la superación del sector escolar.
Es evidente, sostiene Castaños Guzmán, que la mejoría del sector educativo no debe limitarse a alcanzar mayores aportes económicos, porque un incremento de la calidad también implica nuevas estrategias que van desde la cobertura de ingreso y reinserción escolar, hasta el diseño de programas de apoyo social como contribución al desarrollo de República Dominicana.
