Soila Paniagua 
El País / Directivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Fundación Institucionalidad y justicia (FINJUS), discutieron ayer con miembros de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados sobre el enfoque global y los detalles técnicos que según estas entidades, debe contener el anteproyecto de ley de Reforma Policial, El debate se dio en un desayuno, Hablo el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, Angie Bergés Peña, Hoy / Francisco Reyes / 18 / 06 / 2014 /
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) cuestionó ayer la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNE) de anularla ordenanza 24-2017 que instituyó un proceso competitivo para designar por méritos profesionales de los técnicos-docentes.
También cuestionó la instrucción de remover de sus funciones a los 18 directores regionales y de distritos educativos que fueron designados vía concurso de oposición en 2018.
“La decisión del Consejo Nacional de Educación contradice el contenido constitucional así como las bases del sistema de carrera y, a su vez, constituye una vulneración a un derecho de configuración legal establecido en la ley orgánica de educación y su reglamento”, planteó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
Agregó que con esa decisión se autorizó al actual ministro de Educación a destituir a los actuales directores regionales y distritales para designar, “sin concurso previo, a nuevos incumbentes, desconociendo principios básicos de la administración pública que irradian el estatuto de la carrera docente, así como garantías constitucionales relativas a la estabilidad y permanencia de la misma”.
Afirmó que es imprescindible que la estructura gubernamental actual genere confianza respecto a la necesaria sumisión de la actuación administrativa a las disposiciones vigentes.
“De modo que los procedimientos establecidos sean respetados pues su inobservancia se convierten en precedentes que obstaculizan el trayecto que transitamos hacia concretizar el fortalecimiento de la institucionalidad”, manifestó.
Dijo que “desde Finjus entendemos que el sistema de carrera como principio constitucional es un verdadero mecanismo de protección de los derechos fundamentales, ya que garantiza que el acceso a la función pública se realice en igualdad de oportunidades y de manera imparcial”.
Dijo que esos mecanismos evitan que los fenómenos subjetivos de valoración como el clientelismo, el nepotismo o el amiguismo sean los que imperen al momento de proveer vacantes en los órganos y entidades del Estado.
