A fin de evitar redacciones confusas, disposiciones de interpretación ambigua y/o de contradicción constitucional, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) entregó ayer una serie de sugerencias a la propuesta de modificación de las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral presentadas por la Junta Central Electoral (JCE).

En su documento entregado al pleno de la JCE, Finjus valoró, entre otras cosas, el esquema de financiamiento público a los partidos políticos propuesto por el organismo de comicios, pero abogó por una fórmula mixta que cuente con amplio consenso y permita la garantía del principio de equidad que ordena la Constitución dominicana, como tienen otros países incluidos varios de la región.

En su opinión, “se impone un sistema mixto de distribución”, del cual dijo, incluso podría verificarse viabilidad de un porcentaje superior al 30% propuesto para los fondos a ser distribuidos en partes iguales.

Recordó que a pesar de que el tema del financiamiento es por sí mismo” complejo, irresuelto y controversial”, la equidad electoral está en gran manera determinada en los criterios más o menos equitativos de distribución del dinero público para las elecciones.

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Para evitar transfuguismo

Finjus además sugiere verificar la modificación propuesta al numeral 4 del artículo 49 de la Ley 33-18, referente a los requisitos para ostentar una precandidatura

También revisar los presupuestos relativos a la condena y las consecuencias directas y/o sanciones de quien incurra en esta práctica.

Advierte que para eso la configuración del transfuguismo debe quedar delimitada su configuración, “de manera que no constituya vulneración al derecho de participación política”.

Respecto a los topes de gastos en la precampaña, considera que la reducción propuesta por la JCE para los niveles presidenciales y congresuales representa más del 60% de lo que establece la Ley 33-18, lo cual pone en desventaja a los aspirantes en el nivel municipal, y no resulta equitativo para los del nivel presidencial y congresual.

Asimismo, plantea que el plazo para la JCE decidir sobre el reconocimiento de los partidos que lo soliciten sea, a más tardar, de 12 meses antes de la fecha de la celebración de la próxima elección ordinaria.

Entiende la Finjus que un periodo mayor de actividad para los nuevos partidos emergentes permitirá mayor equilibrio de recursos de cara a un proceso electoral, así como dinamizar su formación y, por ende, garantizar una participación ciudadana efectiva.