Servio Castaños pide tope del gasto de campaña y legislación con normas de carácter obligatorio, y sistema de consecuencias

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) le envió una comunicación al presidente de la comisión especial para el estudio del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral en el Senado de la República, en la que le solicita que la aprobación de la nueva ley esté dirigida a la correcta materialización de los principios y disposiciones constitucionales, garantizar el fomento de una cultura de transparencia, que evite la intromisión del crimen organizado, la corrupción política pública y privada en la elección de funcionarios y de representantes públicos.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, le expuso al senador Ricardo de los Santos, en la misiva, que desean que el contenido o disposiciones de la reforma electoral desdibuje los presupuestos que deben garantizar el fomento de una cultura de transparencia.

Al compartirle algunas preocupaciones sobre el contenido del proyecto, relativo a las modificaciones aprobadas por los senadores, entre las que cita la ausencia de aspectos esenciales para el fortalecimiento democrático e institucional. Demanda que la nueva ley facilite el uso de mecanismos de seguridad y de tecnificación de la justicia electoral, en el marco de una nueva cultura política e institucional.

“Abogamos por una nueva Ley de Régimen Electoral que facilite la profesionalización de los organismos electorales en el país y, consecuentemente, que sea el marco adecuado para que las asambleas electorales se realicen apegadas a criterios ordenados y bien definidos, de manera que, el resultado de los comicios sean la expresión fidedigna del ejercicio democrático y soberano del pueblo”.

Castaños Guzmán indica que resulta imperativo que sean revisadas las disposiciones que debiliten el ámbito competencial de la máxima autoridad, que es el Pleno de la Junta Central Electoral, JCE, por existir algo riesgo de que se invada atribuciones determinadas en la Constitución dominicana.