Loyda Peña 
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) favoreció ayer la aprobación de la Ley del Indulto, y dijo que dado el carácter especial que tiene la misma “es indispensable que se mantenga un marco normativo claro”.
Para evitar la reiteración de vacíos normativos consideró necesario que en el ordenamiento jurídico se inserte con precisión el método idóneo para la selección de los candidatos a ser indultados, las modalidades que podrían usarse; los procedimientos adecuados y las excepciones que contemplaría, dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales.
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Para lograr una mejor estructuración del contenido normativo del anteproyecto, sugirió incluir entre los requisitos un acápite que haga referencia a que el individuo al que ha de serle otorgado el indulto “muestre una mejora conductual, y que su rehabilitación sea evidente”; y verificar qué resultados ha tenido en su marco conductual, que sea evidente en su rehabilitación y reinserción en la sociedad.
Propone también que en el tema de las exclusiones, hacer referencia a la reincidencia delictual; y en los principios constitucionales, evaluar la posibilidad de introducir artículos que aborden los principios constitucionales sobre los que se sustenta la figura del indulto y sus procedimientos. Finjus confía en que sus observaciones se tomaran en cuenta “y se procederá a un diálogo…”.
