La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo ayer que las diferencias surgidas entre el asesor del Poder Ejecutivo en política penitenciaria y la procuraduría general a raíz del informe presentado por la Defensoría Pública, ameritan la intervención inmediata del presidente Luis Abinader por tratarse de un tema de Estado.

Pidió Abinader convocar ambos funcionarios; al director de la Policía, al ministro de las Fuerzas Armadas; al presidente de la Cámara de Cuentas y al director de la Defensoría Pública para buscarle una solución urgente al problema penitenciario el cual afirmó, ya no resiste más.

“La actual coyuntura no es para debatir quién entre el asesor del Poder Ejecutivo Roberto Santana y la procuradora general y Miriam Germán, tiene la razón, sino para ver cuáles pasos hay que dar para resolver la situación carcelaria del país”, dijo la entidad a través de su vocero Servio Tulio Castaños Guzmán.

Indicó que si como ha dicho la procuradora general, el traslado de los internos en la Penitenciaría de La Victoria al complejo de Las Parras no se ha hecho por impedimentos legales, se urja a la Cámara de Cuentas, “sin que esto signifique una intromisión”, concluir la auditoría especial a la obra ya solicitada.

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En cuanto al director de la Policía y al ministro de las Fuerzas Armadas, la Finjus dijo que deben ser convocados a la reunión porque hay cárceles del viejo modelo administradas por miembros de esas instituciones.

La entidad de la sociedad civil elogió la investigación que hizo la Defensoría Pública y que puso al desnudo la situación de oprobio que impera en las cárceles del país.

“Aunque esa situación todo el mundo la conoce, evidentemente de que su puesta al público ha revelado que ahí habían otros problemas y, por esa situación el país puede ser, eventualmente, juzgado internacionalmente. Por eso decimos que es un tema de Estado en el que el presidente de la República debe intervenir”, puntualizó.

Luego de la presentación del informe presentado por la Defensoría Pública sobre el sistema carcelario Santana responsabilizó al Estado y al Ministerio Público de la situación por no utilizar la nueva Victoria.