La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) planteó ayer la necesidad de profundizar la reforma electoral y de partidos políticos desde un enfoque integral, para eliminar de manera definitiva prácticas tradicionales que han caracterizado la acción de los partidos y que volvieron a manifestarse tanto en las elecciones de marzo como en las de julio, de este año.

Indicó que aunque esas prácticas abarcan muchas áreas, una de las más preocupantes es el rol y desempeño de los partidos minoritarios en el sistema político dominicano, cuya realidad quedó al desnudo una vez más en los recientes comicios.

La entidad de la sociedad civil dijo que si bien la diversidad y pluralidad de opciones es, en general, una fortaleza de los buenos sistemas democráticos, los resultados que algunos de esos partidos vienen obteniendo en los últimos 20 años “llaman a la reflexión sobre sus propósitos y acciones”.

¿Falta vocación? Afirmó que, en su mayoría, los partidos minoritarios “no reflejan una vocación democrática clara, dada la ausencia de verdaderos proyectos de gobierno que fortalezcan la pluralidad democrática, desvirtuando el sentido de las agrupaciones políticas en el sistema democrático y concentrando su acción en la búsqueda de alianzas políticas que justifiquen su acceso a los recursos públicos”.

Refirió que conforme con las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes dominicanas, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son entidades dotadas con personería jurídica, integradas por ciudadanos con propósitos y funciones de interés público que procuran concentrar y canalizar la participación ciudadana en los procesos democráticos.

“Es decir, a pesar de ser constituidas por particulares, prevalece una de sus características primordiales: sus fines públicos, en razón de lo cual deben estar sujetas a las disposiciones, normas y regulaciones que establezca el Estado para asegurar que los mismos se cumplan”, dijo la Finjus a través de su vocero Servio Tulio Castaños Guzmán.

Equidad de verdad. Expuso que dentro de estas normativas están aquellas que apuntan a las causas de pérdida de la personería jurídica; la clasificación escalonada de distribución de los fondos públicos en virtud de los votos válidos obtenidos, lo que se levanta como argumento para justificar su incapacidad para lograr una verdadera equidad entre partidos mayoritarios y minoritarios.