La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) resaltó ayer los avances que contiene el proyecto de Código Penal que cursa en el Congreso Nacional, debido a la inclusión de nuevos tipos penales necesarios para el sistema, como la estafa piramidal, abandono de adultos mayores, feminicidio, abusos de la autoridad pública, acoso sexual, sicariato y otros.

Sin embargo, la entidad entiende que la aplicación de la legislación penal puede ser compleja si no se proporciona un modelo uniforme que gestione adecuadamente los cambios sociales y las interpretaciones judiciales, que reflejen la continua búsqueda del equilibrio entre la justicia, los derechos individuales y la seguridad.

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En ese sentido, en una comunicación enviada a la Cámara de Diputados, Finjus señala que en la pieza legislativa persisten puntos esenciales cuyo tratamiento oportuno es clave para proveer una ley penal con mayor delimitación.

“Valoramos los avances plasmados en el texto del Código Penal bajo consideración en las cámaras legislativas, pero a la vez planteamos la necesidad de abordar con detenimiento y profundidad ciertos aspectos que han generado legítimas preocupaciones en sectores de la sociedad”, expresa el documento.

Revisar las tres causales

Entre las recomendaciones Finjus señala la necesidad de ponderar la revisión de las tres causales como eximentes para el aborto y ofrecer mejor protección a víctimas de abuso sexual, a fin de definir con mayor precisión la tipificación de la violación, disponiendo parámetros claros y precisos que permitan identificar la conducta antijurídica a sancionar.

En el documento, el presidente de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, sugiere también revisar el artículo 185 sobre la discriminación, ya que su prohibición en todas sus formas promueve la justicia, la igualdad, la cohesión social y el respeto a los derechos humanos y fundamentales.

Sobre el eximente de responsabilidad penal a las iglesias, contenido en el artículo 14 del proyecto, sostiene que debe revisarse, porque entiende que las entidades religiosas no comparten la misma naturaleza que otras instituciones, realidad que debe reflejarse también en la ley.