La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) abogó ayer por la aprobación en el Congreso Nacional del anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas depositado ante el Senado, tras indicar que la legislación vigente (340-06) resulta obsoleta en varios aspectos (lo que la ha convertido en la principal fuente de escándalos) disponiendo una simplificación de los trámites y procesos, pero con herramientas significativas para el control y transparencia de los actos administrativos.

De acuerdo a la entidad, la iniciativa que ya fue objeto de consenso por diversos sectores, aportaría mejoras en aspectos como los derechos del proveedor, las especificidades de la administración de los contratos y su ejecución y modificación, así como posibles casuísticas de subcontratación.

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Estos aspectos, indica Finjus aportan una nueva gama de soluciones ante los conflictos de carácter administrativo que se encuentran huérfanos bajo el marco normativo actual.

En este contexto, es crucial que la nueva ley instruya programas de cumplimiento regulatorio, conforme lo indican las mejores prácticas anticorrupción de la época moderna. El régimen de investigación de la Ley 340-06 muestra que ya es incapaz, ineficaz e ineficiente para regular la acción del Estado para el uso óptimo de los recursos públicos, lo que, en consecuencia, significa que ya no da abasto para la crisis del sistema de justicia y las irregularidades que de ella se han derivado.

Se recuerda que el anteproyecto fue depositado en el Congreso por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Finjus señala que esta reforma amerita un análisis preciso para impulsar un sistema de compras y contrataciones íntegro que, a su vez, estimule la seguridad jurídica y potencie el clima de inversión en el país.

Finjus puntualiza que con su oportuna restauración, queda claro que la transparencia y, en lo inmediato, las mejorías económicas, sociales y políticas que sobrevendrían como consecuencia, dotarían una reorientación del gasto público en miras de institucionalizar arreglos urgentes en materia de la calidad democrática.