La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valora las acciones de las instituciones del Estado en materia de propiedad intelectual, al destacar que con la aplicación de la ley y la cooperación entre las agencias para la mejora de la asignación de recursos, se fomenta un clima de negocios atractivo y confiable para desarrollar iniciativas y comercializar productos salvaguardando la calidad y seguridad del mercado.

Cita que algunos de los logros en la protección, promoción y observancia de los derechos de propiedad intelectual durante el año 2023 son el registro de 10,741 marcas y 58,066 nombres comerciales por parte de la Onapi, la emisión de 25,663 certificados de registro de obras artísticas, literarias y científicas por parte de la Onda y el decomiso de 32,608,284 unidades de mercancías ilícitas, fruto de 6,298 operativos de patrullaje.

“La República Dominicana es una nación que atrae inversión extranjera directa, por lo que el hecho de que Estados Unidos le haya eliminado de esa lista es un avance fundamental en el clima de protección de los socios comerciales del país, ampliando los marcos de transparencia y legalidad”, expresa Finjus en comunicado firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo.

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Continuidad

A pesar de los avances alcanzados en la materia, Finjus enfatiza a todas las instituciones a que es elemental continuar fortaleciendo las normativas para una mayor eficacia acorde a las mejores prácticas regionales y propiciar mesas de diálogo para reunir a todos los sectores que conforman el país y mantener el desarrollo económico y social de la nación.

Apunta que la propiedad intelectual es un instrumento importante para garantizar la innovación y la competitividad, indispensables en el desarrollo económico y cultural de la nación, pues a través de ella se protegen las creaciones de las obras y permite a sus creadores gozar de los beneficios que se derivan de estas.

“El ejercicio de esta herramienta comprende la protección de bienes producto del intelecto humano, lo que nos lleva a obras literarias y artísticas, signos distintivos, patentes y marcas. Estos elementos que la propiedad intelectual pretende proteger fomentan un clima de negocios atractivo y confiable para inversores que procuran impulsar el desarrollo económico y social del país”, apunta.

Por primera vez, desde 1996, República Dominicana ha sido excluida de la lista de observación sobre respeto a la propiedad intelectual. El principal señalamiento que imposibilitaba la exclusión era la falta de persecución de infracciones en la materia. Finjus reconoce que las acciones de entidades son una clara señal del compromiso de garantizar certeza y seguridad jurídica en el impacto de la imagen y perfil del país en el mercado internacional.