Quito. El fiscal general de Ecuador pidió el viernes a un tribunal de justicia que llame a juicio penal por corrupción al vicepresidente Jorge Glas, que ya está detenido, así como al excontralor del país y a otras 11 personas.

Además, requirió la incautación y repatriación de fondos y acciones que los acusados tienen en el extranjero. Los procesados están acusados de asociación ilícita para delinquir en torno a la trama de corrupción orquestada por la empresa brasileña Odebrecht, que entregó sobornos millonarios en este país a cambio de la concesión de grandes obras estatales.

En el tercer día de audiencias previas al juicio, el fiscal general Carlos Baca afirmó que en caso de que los 13 sindicados sean llamados a un proceso penal, contactará a 79 testigos para probar sus argumentos.

Entre ellos estaría el exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera. Cuando esta etapa termine, el juez del caso, Miguel Jurado, evaluará las pruebas y decidirá a quién procesa o absuelve del delito imputado, que de acuerdo con las leyes ecuatorianas se sanciona con una pena de prisión de tres a cinco años.

Baca también pidió la extradición de los exfuncionarios en Ecuador de la empresa petrolífera estatal venezolana, PDVSA, Edwards Salas y Alexis Arellano, de quienes se presume que están en Venezuela.

Este es uno de los procesos legales en los que está implicado el vicepresidente, quien también es investigado por otros presuntos delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito.

Debido a sospechas de corrupción, el presidente Lenín Moreno despojó a Glas de todas las funciones administrativas desde inicios de agosto y fue detenido el 2 de octubre.

La compañía brasileña reconoció que entregó 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de la concesión de obras estatales, pero recientemente el procurador Diego García aseveró que los pagos ilegales habrían alcanzado 50 millones.

A pesar de su situación legal, Glas sigue siendo vicepresidente debido a que la ley en Ecuador dispone que ese cargo sólo queda vacante por renuncia, luego de tres meses de abandono del cargo o por decisión de las tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea tras un juicio político, donde el partido de gobierno tiene mayoría con 74 miembros del total de 137 legisladores.