Brasil.— El Fiscal General de Brasil dice que la Corte Suprema no debe permitir que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva asuma el cargo de jefe de gabinete del gobierno de su sucesora, la mandataria Dilma Rousseff, porque cree que podría entorpecer la investigación que se adelanta en su contra como parte de un amplio entramado de corrupción en la estatal petrolera Petrobras.

El Fiscal Rodrigo Janot hizo la recomendación el jueves. Rousseff designó a Lula como jefe de gabinete en marzo, un nombramiento ampliamente visto como una jugada que protegería al otrora popular mandatario de un posible arresto en el marco de la investigación del presunto pago de sobornos por contratos en Petrobras.

Como miembro del gabinete, Lula sólo puede ser investigado por la Corte Suprema de Brasil. Gilmar Mendes, magistrado de la Corte Suprema, suspendió temporalmente el nombramiento de Lula al argumentar que dicha designación ayudaría al ex mandatario a evadir sus líos legales.

El 20 de abril se espera que la Corte confirme la suspensión decretada por Mendes. Janot dijo que había una “desviación en la finalidad” del nombramiento de Lula, que podría “entorpecer el avance de la investigación penal”.

Los fiscales están investigando si las renovaciones hechas a un apartamento de lujo en la playa, en el estado de Sao Paulo, así como las realizadas en una casa de campo, inmuebles usados por la familia de Lula, constituyeron favores a cambio de que el exmandatario usara su influencia política.

Las renovaciones de ambos lugares fueron pagadas por empresas de construcción que por décadas han tenido contratos con el gobierno federal brasileño. Esas empresas también están en el ojo del huracán de la investigación Lava Jato (portugués para lava carros), en donde se indaga si de la estatal petrolera Petrobras se otorgaron contratos a cambio de dinero.

La recomendación de Janot fue hecha ante la Corte Suprema días antes de que la Cámara Baja de Brasil decida votar si va a iniciar un juicio político en contra de la presidenta Rousseff, acusada de manipular rubros presupuestales para que su gobierno aumentara el gasto para conseguir votos en las elecciones presidenciales de 2014.

La presidenta ha negado vehemente las acusaciones o el haber cometido un crimen y afirmó que mandatarios que la precedieron en el cargo hicieron lo mismo. Ha dicho que el juicio político es una especie de golpe de estado. Si dos terceras partes de los congresistas en la Cámara votan por la iniciación del juicio político, éste se inicia de inmediato en el Senado.