Los tres grupos que han depositado denuncias sobre agresiones recibidas durante el incidente ocurrido en el Centro de Retención Vehicular del Canódromo cuando el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa fue con un equipo a inspeccionar serán entrevistados la próxima semana, informó ayer la fiscal del Distrito Rosalba Ramos.

Dijo que además del Defensor del Pueblo y su personal, también han puesto denuncia en la Fiscalía los medios de comunicación Listin Diario y CDN; y los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

“Hoy (ayer) vino Alba Nelly Familia (subdirectora y gerente de prensa de CDN), quien dijo que a la entrevista vendrán con sus abogados; también la coronela que dirigía el Canódromo, Ysabelita de los Santos Pérez. Todos serán entrevistados para esclarecer la verdad de los hechos”, dijo la fiscal en entrevista al periódico Hoy.

El incidente en el que el Defensor del Pueblo, varios miembros de su equipo de trabajo y de la prensa resultaron agredidos en el Canódromo ocurrió este lunes 11 de abril, cuando el funcionario acudió al lugar a indagar sobre múltiples denuncias de supuestas irregularidades y abusos que se cometían contra ellos al momento de ir a reclamar los vehículos de motor que le son retenidos por infracciones de ley.

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Suceso

El funcionario y su equipo, así como personal de prensa que fue a cubrir la inspección, fueron impedidos de entrar a las instalaciones del Centro de Retención Vehicular donde reposan miles de vehículos y motores, muchos de ellos convertidos ya en chatarras, bajo el alegato de que no tenían autorización para entrar.

De nada valió que el doctor Ulloa se identificara y alegara que estaba en el lugar amparado en la Ley que crea el “Ombusman” que él representa, para impedir el forcejeo que se armó cuando agentes de la Dogesett despojaron de sus equipos a fotógrafos y camarógrafos para que no filmaran nada, resultando algunos con heridas y otros con rasguños, entre ellos el propio Defensor del Pueblo, y Harold Modesto.

El mismo día del incidente el director de la dirección de Digesett sustituyó a la coronela de los Santos Pérez y en su lugar designó al teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana, y ordenó investigar los hecho que calificó como “lamentables y desagradables”.

La institución que dirige además dijo que el incidente se produjo “porque no hubo ningún tipo de notificación previa” para la entrada al canódromo de la comisión que encabezó el Defensor del Pueblo, tal y como lo establece el artículo 60’10 de la Constitución, lo cual ha generado una controversia sobre el rol del defensor.