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Los miembros del gabinete catalán llegan al Tribunal Superior de España después de ser convocados para testificar sobre rebelión, sedición y uso indebido de fondos públicos para desafiar al gobierno central al celebrar un referéndum sobre secesión y proclamar la independencia en Madrid, España, el 2 de noviembre de 2017. REUTERS.
De los 9 que sí respondieron a la citación a declarar como sospechosos de rebelión y sedición, el fiscal aceptó solamente que uno pueda eludir la cárcel si paga una fianza.
Se ignora de momento qué ocurrirá con Carles Puigdemont y los cuatro consejeros (ministros regionales) cesados que están en Bélgica y que podrían acabar siendo objeto de una orden de detención internacional.
La jueza Carmen Lamela tendrá que decidir si atiende la demanda del ministerio público. Entre los afectados por la demanda de cárcel incondicional a la espera de juicio está el vicepresidente depuesto Oriol Junqueras.
El consejero que podría eludir la cárcel, bajo fianza de 50.000 euros, sería Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de independencia del 27 de octubre y fue el único que respondió a las preguntas de la jueza y la fiscalía en su declaración, a diferencia del resto, que sólo respondieron a las preguntas de sus abogados.
En la Audiencia Nacional estaban citados los 14 miembros del gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados catalanes, entre ellos la presidenta del parlamento que aprobó proclamar la independencia, Carme Forcadell.
En contraste, el juez aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los seis diputados para preparar mejor su estrategia.
