CARACAS — La Fiscalía General de Venezuela ordenó la detención de un dirigente opositor por su presunta relación con la fracasada incursión marítima de inicios de mes que ha dejado 66 detenidos, entre ellos dos estadounidenses.

Al dirigente Yon Goicoechea, miembro del partido opositor Voluntad Popular, le dictaron orden de captura por su supuesta vinculación con la fundación Futuro Presente, que es señalada de financiar los campamentos donde habrían entrenado las personas que participaron en la fallida operación de inicios de mayo, anunció el jueves el fiscal general Tarek William Saab.

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La medida contra el integrante de Voluntad Popular, del que también forma parte el líder opositor Juan Guaidó, se da pocos días después que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, vinculó a la fracasada operación a Goicoechea, quien objetó los señalamientos alegando que desde 2009 no pertenecía a la fundación Futuro Presente.

Goicoechea rechazó, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, la acción de la Fiscalía General e insistió en que por “ningún medio” tuvo contacto con la persona que se atribuyó la organización de la incursión. El dirigente atribuyó a una “olla” del gobierno la fracasada operación y anunció que hace varios meses salió del país luego que intentaron apresarlo en enero pasado, pero no precisó donde se encuentra ahora.

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Saab dijo en declaraciones a la prensa que fueron dictadas 99 órdenes de aprehensión de las cuales 63 no han podido concretarse, entre ellas la de Goicoechea, quien fue excarcelado hace tres años tras pasar más de un año detenido señalado de participar en un supuesto complot.

Por el caso de la fallida incursión del 3 de mayo en el estado costero de La Guaira han sido arrestados 66 personas, precisó el fiscal general.

Entre los detenidos están los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry, quienes estaban asociados al exboina verde Jordan Goudreau, que se adjudicó la responsabilidad de la operación y tiene orden de captura de las autoridades venezolanas.

A los dos estadounidenses, que según las autoridades se acogieron al “mecanismo de delación” luego de ser detenidos el 4 de mayo en la localidad costera de Chuao, la Fiscalía General les dictó cargos por los delitos de terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir.

Saab anunció que envió una misiva a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para ofrecer información al Congreso de Estados Unidos de las investigaciones que adelantan las autoridades venezolanas sobre el caso. Venezuela ha acusado a los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque, estrechos aliados de Guaidó, de estar implicados en la operación.

El escándalo desatado por la fracasada operación alcanzó a Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, que fue señalado por Goudreau de haber suscrito junto con el asesor Juan José Rendón y el congresista opositor Sergio Vergara, el acuerdo para la incursión.

La Fiscalía General, controlada por el gobierno, solicitó la captura Goudreau, Rendon y Vergara, que estarían en Estados Unidos, y dijo que pediría su extradición.

Los dos asesores renunciaron la semana pasada a sus cargos como miembros de la comisión de estrategia y crisis del equipo de Guaidó días después que el partido Primero Justicia, una de las principales fuerzas opositoras, exigió la destitución de los funcionarios que se vincularon a la contratación de Goudreau, director de la firma de seguridad privada SilverCorp con sede en la Florida.

Rendón expresó en declaraciones a la prensa que pagó 50.000 dólares a Goudreau por un acuerdo preliminar, que no hizo efectivo, y que implicaba la exploración de la posible captura y entrega a las autoridades estadounidenses de algunas figuras del gobierno venezolano. El asesor político negó que el también jefe de la Asamblea Nacional haya firmado el contrato.

Guaidó ha ratificado en recientes declaraciones que nunca suscribió un acuerdo con el contratista estadounidense y denunció que la fracasada incursión fue “infiltrada, manipulada y financiada” por el gobierno de Nicolás Maduro, y que se estaba reuniendo la información y las evidencias para tramitar el caso ante la justicia internacional.