La seguridad alimentaria debe ser una prioritaria política pública, sobre todo porque descansa en la vulnerable actividad agropecuaria. Las naciones desarrolladas destinan recursos y medidas protectoras del sector.
Si es harto sabido que la República Dominicana está geográficamente situada, por excelencia, en la vía ciclónica, y que anualmente se nos reserva la noticia de la probable visita de uno o varios fenómenos, por qué no crear por ley un fondo verde, proveniente de una partida anual del PIB, para auxiliar a los productores agropecuarios. Del mismo modo que se financia a los partidos políticos, por el bien de la democracia.
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Es sugerible que el FONDO VERDE sea administrado por el Banco Agrícola y la seguradora agrícola AGRODOSA.
La misma ley del fondo verde evitaría molestar al presidente de turno, para decretar de emergencia, las habituales calamidades atmosféricas que se tornarán más frecuentes y feroces.