La recuperación de los fondos públicos sustraídos por funcionarios civiles y militares en las pasadas administraciones de gobierno del PLD, en base a los juicios incoados en los tribunales de la República, no es una tarea fácil debido, entre otras cosas a la facilidad con que pueden camuflarse, a través de testaferros, grandes propiedades y sumas de dinero que podrían ser disfrutados a posteriori si los inculpados consiguen, en base a algunas concesiones, una condena leve en un procedimiento penal abreviado como contempla el Código Procesal Penal en sus artículos 363 y 366.

El Ministerio Público debe tener mucho cuidado con expedientes como el del ingeniero Francisco Pagán, ex director de la clausurada OISOE, quien dirigió la reconstrucción de 56 hospitales públicos del país, cuyo presupuesto original de 3 mil millones de pesos fue elevado, en base a adendas ilegales, a 12 mil millones de pesos, para que ahora pretenda con la simple devolución de bienes estimados en 200 millones de pesos, resolver su problema y el de sus cómplices.

Su actitud contrasta con la del teniente coronel Erasmo Roger Pérez, implicado en el expediente 5G, quien devolvió al Estado propiedades por más de 1,000 millones de pesos obtenidos ilícitamente, en procura de un juicio abreviado.

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