Juan Bosch y la Iglesia católica

La concepción hostosiana del papel del Estado en la educación consagrada en la Constitución de 1963 se constituyó en un motivo permanente de fricción ente el Gobierno del presidente Juan Bosch y la Alta Jerarquía de la Iglesia católica dominicana.

En los días en que en la Asamblea Constituyente se discutía el proyecto de Constitución sometido por el presidente Juan Bosch, los estudiantes de los colegios católicos de la ciudad de Santo Domingo protagonizaban casi a diario tumultuosas manifestaciones frente al edificio del Congreso Nacional en protesta por la inclusión de la enseñanza laica en nuestra Carta Magna.

Señores y señoritas de la alta sociedad dominicana y estudiantes de los mejores colegios privados del país portaban pancartas con letreros alusivos a las protestas a las cuales nos referimos: ¡Fuera el comunismo ateo y disociador! ¡Viva Cristo Rey!

El 25 de abril de 1963, cuatro días antes de que la Constitución de 1963 fuera proclamada por la Asamblea Constituyente, la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una declaración oponiéndose a la entrada en vigencia de esa nueva Carta Magna porque, de acuerdo con el parecer de nuestros obispos, la misma carecía de la universalidad necesaria para ser justa.

Los obispos firmantes de ese documento estimaban que la sociedad dominicana estaba muy convulsionada y que esa situación podría desaparecer si “animados los constituyentes de un espíritu de justicia revisaran nuevamente los artículos ambiguos y confusos o sometieran la Constitución a un referéndum popular.

Nuestros obispos consideraban que la Constitución de 1963 “estaba privada de todo sentido espiritual, que retrocedía a las épocas en que la influencia demagógica había ahogado situaciones históricas con principios llenos de errores y pasiones, y que desconocía los derechos de la iglesia al no consagrar las relaciones de ésta y el Estado fijadas en el Concordato”

Se advierte en la impronta de Hostos, en la parte de la Constitución de 1963 que hace referencia a las relaciones económicas y sociales, la que más levantó polémicas y reparos entre los obispos y entre los sectores más retardatarios de la sociedad dominicana.

En esa parte de la Constitución de 1963, quedaba consignado todo lo relativo a los derechos y deberes de los trabajadores, a la participación de los obreros en los beneficios de las empresas, a la propiedad como herramienta de progreso y de bienestar común, a la prohibición de los latifundios privados, al pago de plusvalía por parte de los propietarios, y a otros asuntos relacionados con los derechos y deberes de los ciudadanos.

Ideas de Hostos fueron motivo de fricciones entre Gobierno e Iglesia

Conferencia del Episcopado se opuso a la nueva Constitución del 63

Obispos creían que “estaba privada de todo sentido espiritual”