La Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano considera que el déficit habitacional en República Dominicana está concentrado en las familias más pobres, ubicadas en el sector informal, mientras a los programas que promueven las autoridades solamente tienen acceso quienes se encuentran en el sector formal y con ingresos por encima de los RD$30 mil mensuales.

En su análisis del discurso del presidente Luis Abinader sobre ese y otros temas, dicha comisión advierte que en ese escenario es imposible decir que se camina hacia la apuesta de reducir el déficit habitacional que supera las 800 mil.

“Es una deuda social acumulada por varias generaciones y refleja el fracaso del modelo de crecimiento económico que ha sido incapaz de proveer una vivienda digna a pesar del ritmo de crecimiento sostenido por casi siete décadas”, señala.

Expresa que cuando en 2010 se modificó la Constitución de la República, una esperanza profunda los invadió cada vez que veían el artículo 59 que prometía que “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales”.

Pero que además dejaba muy claro que “el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social.”

Un valioso reconocimiento de la deuda histórica que existe en el país, que fue “reducida” con bolígrafo y en papel en el 2018, en donde se pasó (con la misma data) de un 70% de viviendas con déficit a un 50%.

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Déficit habitacional

Pero el déficit habitacional está muy bien localizado en los sectores de menos ingresos de la población, como por ejemplo, en el año 2020 poco más del 53% del déficit se ubicaba en los quintiles 1 y 2.

Las estadísticas disponibles a 2021, porque no existe de 2022, colocan el déficit habitacional en 767,348, si suman la cuantitativa que es de 371,067, y la cifra cualitativa de 396,281.

Esto significa, entonces, que el esfuerzo mayor debe ser el desarrollo de instrumentos para que esas familias, con menos ingresos, puedan ejercer su derecho a la vivienda. Plantean reducir el déficit focalizando inversiones de índoles sociales y, además, colocan “Ampliar la plataforma de incentivos que faciliten la adquisición de proyectos con inversión Público-Privado para la clase media”. Indica que lo que ejecuta el Ministerio de Vivienda de manera directa, es lo que se puede identificar como producción de vivienda orientada a los sectores de menos ingresos, ya que no existe intermediación financiera para su acceso.

La inversión

Revela un total de aproximadamente 9 mil millones de pesos se invirtieron entre las funciones “urbanización y servicios comunitarios” y “vivienda social” en el 2022.

Deplora que para vivienda social apenas alcanzó 2,623.00 millones y, para mejoramiento, alrededor de 2,271.21 millones. Explica que el grueso se lo lleva el fideicomiso (Mi Vivienda), que parece ser la apuesta certera de los últimos gobiernos.

Una inversión de parte del Estado de casi 5 mil millones de pesos, que no hacen más que asegurar clientes para el mercado inmobiliario y financiero que tiene fines de lucro.

Critica que el déficit habitacional esté concentrado en las familias más pobres, que están en el sector informal, mientras se exhibe un programa al que solo pueden acceder familias ubicadas en el sector formal y con ingresos superiores a los 30 mil pesos.

En ese escenario, explica, es imposible decir que se camina hacia la apuesta de reducir el déficit habitacional.

A quien favorece

Es verdad que resulta importante apoyar a las familias de los sectores medios, pero pregunta ¿deben seguir siendo los programas estrella aquellos destinados a fomentar el mercado inmobiliario?

Recuerda que en el programa de gobierno había también una cláusula que se denominaba “20.4 Ejecutar planes de viviendas” que planteaba mitigar de forma sostenible el déficit habitacional llevando a cabo tres tipos de planes: Plan integral de viviendas, Plan de densificación urbana y Plan acción sobre los efectos de fenómenos naturales

Dentro de estos planes se incluía un programa de intervención en vivienda “en coordinación con las instituciones responsables de garantizar los servicios de agua potable y alcantarillado.

Así como coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones (MOPC) para garantizar facilidades de acceso y construcción de vías, además con los ayuntamientos para el manejo de residuos.

Viviendas nuevas

Lamenta que el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED) siga realizando intervenciones en viviendas aisladas sin coordinación interinstitucional, eliminando incluso la palabra “hábitat” de su nombre oficial.

Según las estadísticas del MIVED elaboradas por la Dirección de Construcción y Proyectos, durante el 2022, a través del programa “Dominicana se Reconstruye” ha construido 120 viviendas nuevas.

Sin embargo, al leer los informes de seguimiento y presupuesto a los programas elaborados por la dirección de planificación y desarrollo del mismo Ministerio, los números son otros.

Según estos informes, apunta, solo se construyeron 19 viviendas nuevas en el marco de este mismo programa.

Estos informes incluyen además datos sobre la ejecución de 4,481 viviendas de bajo costo, inexistente en las estadísticas oficiales publicadas por el mismo Ministerio.

La entidad deplora que la apuesta sea para las soluciones que provienen del fideicomiso, donde se habla de más de 4 mil viviendas, pero con una intermediación financiera que no permite el acceso de quienes realmente no tienen cubierto el derecho a la vivienda.