El coordinador del Foro Socioeducativo (FSE), Pedro Acevedo, reveló este martes que el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, manifestó en una reunión que sostuvieron en el Palacio Nacional este martes, que el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el Ministerio de Eduacación «no será tocado», aunque precisó que el funcionario mantiene la propuesta de modificación que planteó en la Cámara de Diputados el pasado lunes.

En el encuetro, con más de 27 organizaciones, participaron, además, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Educación, Ángel Hernández; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, entre otros funcionarios.

Serían RD$10 mil millones en dos años

En lo que va de gestión del presidente Luis Abinader, al Ministerio de Educación se estima que le recortarían cerca de RD$10 mil millones de su presupuesto.

En noviembre pasado el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto que modifica las leyes 237-20 y 166-21 de Presupuesto General del Estado 2021, para introducir cambios en las proyecciones de ingresos y en la programación del gasto, dejando inalteradas las necesidades de financiamiento para ese año. El recorte educativo en la propuesta fue de poco más de RD$5 mil millones.

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Sumados a los RD$4 mil 250 millones 412 mil 666.68, serían casi RD$10 mil millones en sólo dos años el monto con el que no contaría una de las principales carteras del Estado.

Al respecto, diversos sectores se han pronunciado en contra de la decisión del Ejecutivo que, hasta ahora, la explicación que han manifestado de manera oficial es que dichos recursos irían a agotar subsidios para palear la crisis generada por factores externos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación, los precios de los combustibles, fertilizantes, entre otras razones, como lo manifestó el ministro de Hacienda Jochy Vicente el pasado lunes luego de explicarles a congresistas las causas por las que le quitarían fondos a Educación.

Lea de manera íntegra la posición de las organizaciones planteada en Palacio:

La sociedad dominicana ha sido sorprendida por el gobierno central, con su iniciativa de reestablecer lo que fue práctica ya superada, la violación de la Ley 66-97, al proponer la reducción del presupuesto al Ministerio de Educación en más de 4,000 millones de pesos. Esta propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso Nacional atenta contra el impulso que debe dar el país para superar los rezagos en la calidad de los aprendizajes en los centros educativos.

Como asociaciones y personas miembros del Pacto Nacional para la Reforma Educativa,
solicitamos en estos momentos que el Poder Ejecutivo, a través de su ministerio de Hacienda,
desista de incumplir la Constitución y las leyes con su propuesta de reducir el presupuesto
de educación transfiriendo 4250 millones de pesos a subsidios.

Esta decisión no solo incumple la Constitución dominicana en su artículo 63, numeral 10, sino que atenta contra tres instrumentos legales clave de la administración del Estado: la Ley Orgánica de Educación
66-97, la Ley Orgánica 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto por la Educación ordenado por esta Ley orgánica. Igualmente, viola la palabra dada por el partido en el gobierno al firmar el Compromiso Político y Social por la Educación del 7 de septiembre de 2011 y pone en tela de juicio su concepción de las políticas públicas.

En estos momentos la prioridad del país, y por ende del gobierno, en materia educativa debe
ser el respaldo a la agenda planteada por el ministro de educación Ángel Hernández.

Dicha agenda incluye puntos como los siguientes: atención especial a la calidad de los aprendizajes
de niños, niñas y jóvenes; prioridad a los aprendizajes de la lectura y la escritura en los primeros cuatro años de escolaridad; desarrollo de un plan de acompañamiento y evaluación de desempeño docente; la mejora e intensificación de la formación docente; el impulso al uso de la tecnología en los procesos educativos; y la mejora en la gestión y calidad del gasto.

Desarrollar estas iniciativas, además de dar continuidad a las políticas heredadas, requiere de
recursos humanos cualificados y, sobre todo, recursos económicos que deben estar disponibles para el MINERD. La designación del nuevo ministro y el equipo que éste está integrando ha hecho renovar las esperanzas de una reforma educativa real. La reducción del presupuesto es una medida que nos vuelve a la desesperanza.

Recordamos que el 4% destinado a la educación es una conquista social del pueblo
dominicano y, como tal, debe respetarse. Las decisiones inapropiadas en materia de ejecución presupuestaria del pasado no han ayudado a mejorar los resultados; esto, sin embargo, no debe tomarse como pretexto para penalizar nuestro Sistema Educativo reduciendo el presupuesto. La alternativa es, por parte del Gobierno, mejorar los procesos y las instancias en las que se toman dichas decisiones y, por parte de la sociedad civil, jugar el papel que le corresponde de veeduría social, en el marco del Pacto por la Educación que está en proceso 2 de reactivación. Precisamente por esto, su monto está protegido tanto en le Ley 66-97, como constitucionalmente, según el Art. 63 numeral 10:

“La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país (…) En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas”.

Por estas razones, solicitamos al Poder Ejecutivo desestimar la propuesta que pretende eliminar recursos del Presupuesto de Educación, pedimos al nuevo Ministro de Educación que defienda su gestión con gallardía contando con nosotros y recordamos a nuestros legisladores su sagrada función de veeduría y el derecho que les asiste de disentir del Poder Ejecutivo gracias a la separación de poderes.

Este es el momento de cambiar y recuperar el foco y los aprendizajes y decidirnos, de una
vez por todas, por la institucionalidad que necesitamos para una educación de calidad.