El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Franklin Almeyda Rancier, calificó hoy como «una mezcla llena de prejuicios» las acciones realizadas en contra de los 14 encartados por el caso de los 92 millones de dólares en sobornos otorgados por la empresa constructora Odebrecht.

Almeyda consideró que no puede suponerse litispendencia relacionando la sobrevaluación con el lavado, financiación electoral, declaración jurada incrementada y el soborno.

Manifestó que al mezclarlo todo, la Procuraduría General de la República «está creando agravios innecesarios y daña la moral, por igual, sin haberse separado la responsabilidad individual de cada uno».

“El debido proceso empieza con las garantías procesales, debiendo ser específico en la acusación”, dijo Almeyda en un artículo titulado “El daño moral está hecho”.

“Por ejemplo, no es lo mismo haber recibido recursos económicos para campaña electoral, que las otras situaciones señaladas. La financiación electoral no es un delito penal, las otras pueden serlo”, agregó.

Explicó que en la declaración jurada se invierte la prueba y el afectado debe probar el origen en el incremento de sus ingresos y que relacionarlo con los demás delitos indicados es presumir culpabilidad en aquellos sin haberle dado la oportunidad de probar su inocencia.

“Confundir soborno con financiamiento electoral e incremento en la declaración jurada, es un prejuicio incriminatorio que violenta la presunción de inocencia de un imputado”, aclaró.

Sobrevaluación. Almeyda refiere que entender que hubo sobrevaluación por las adenda a los contratos, sin haberse ordenado una auditoría técnica que reflejara la improcedencia de esas adenda a los contratos, para entonces presumir que hubo soborno, financiamiento electoral, lavado e incremento en la declaración jurada, «es una torpeza propia del que entra en el juego político mediático para complacer el morbo y no la de hacer justicia».

Resaltó que si hubo incremento en la declaración jurada y puede el imputado probar el origen legítimo o si lo suyo fue financiamiento electoral, «que no es delito penal, cómo deshacer la fama de lavado, soborno o sobrevaluación».

“Si al realizarse una auditoría técnico profesional, ojala sea por empresa internacional acreditada, no se comprueba sobrevaluación, de qué manera probar fraude al Estado, lavado o soborno”, insistió.

Señaló que en este caso se está en presencia de una clara violación al debido proceso y sus garantías constitucionales y legales. Se trata de una actuación para acallar, no para juzgar.

“No se trata solo de los cinco del PLD, sino de todos. Todos tienen derecho a un juicio precisando sus agravios. Todos son inocentes hasta ser juzgados. Se debe dejar actuar a la justicia para que por presión, el daño no sea mayor al que se busca corregir”, destacó.