Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, es el principal acusado de la estafa (Foto: José Adames).
Las versiones de los imputados Luis Maisichell Dicent, el no vidente Miguel Mejía y la locutora Valentina Rosario, presentadora de los sorteos, han manifestado versiones diferentes a través de sus abogados, sobre el presunto fraude por más de 500 millones de pesos ejecutado en la Lotería Nacional, en perjuicio de dueños de bancas de apuestas.
El abogado Plutarco Jáquez, quien representa a tres de los imputados en el caso denominado Operación 13, responsabilizó de manera directa a Dicent, destituido exadministrador de la Lotería Nacional, y a William Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, de ser los organizadores de la «estafa».
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«Dicent y William, de manera responsable, porque nosotros somos así de clarito, fueron quienes organizaron eso y agarraron los muchachos de la Lotería (Nacional), comenzaron a presionar, lo manipularon, te cancelo y finalmente mira en que terminó eso», dijo Jáquez, de la defensa de los imputados Carlos Berigüete, Jonathan Brea y Rafael Mesa.
En tanto que el Mónico Sosa, abogado del no vidente Miguel Mejía, quien simuló sacar el bolo ganador, dijo que éste es una víctima de todo el proceso, tras indicar que no ha estafado a nadie ni fue cómplice de de los otros involucrados en el caso.
«Es decir, es una víctima total donde el primer sueño frustrado ha sido el de él, quien tiene 20 años trabajando en la Lotería Nacional y en este momento está suspendido y no tiene la menor posibilidad de conseguir un empleo», sentenció.
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Mientras que el representante legal de Dicent expuso que no entiende la intención del Ministerio Público de solicitar en audiencia que el caso sea declarado complejo, debido a que el organismo persecutor tiene una negociación con parte de los imputados, además de que ha recibido devoluciones de dinero. «No entendemos cuál es la complejidad del tema», puntualizó.
Los abogados hablaron hoy en un receso de la audiencia de medida de coerción que conoce la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, en contra de los implicados.