Quienes reclaman desde hace tiempo que se transparente el uso que se le ha dado a los recursos asignados a la educación preuniversitaria producto del 4% del PIB, una tarea que no resiste mas posposiciones conocidos los pobres resultados de esa cuantiosa inversión, recibieron ayer una gran noticia, pues parece una buena manera de empezar sin que los investigados puedan alegar que es persecución política.

Además de la auditoría que realizan en Educación técnicos del Ministerio de Administración Pública para determinar quién trabaja y quién no desempeña ninguna función, también auscultan la gestión de Roberto Fulcar la Cámara de Cuentas, que inició una auditoría financiera externa a los dos últimos años, y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que trabaja en un peritaje a todos los procesos de compras y contrataciones, algunos de ellos objeto de cuestionamientos y denuncias, entre las que vale la pena citar el pago por adelantado de alrededor de dos mil millones de pesos a empresas que no han entregado los rubros comprados.

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Con tantos ojos escrutando la gestión de Fulcar, matizada por escándalos y denuncias de irregularidades que finalmente lo hicieron saltar del cargo, hay que considerar la posibilidad de que el resultado de esas pesquisas comprometa su responsabilidad penal, como suelen decir los abogados. Lo que, inevitablemente, nos lleva a la siguiente pregunta, nada fácil de responder cuando recordamos la cercanía del exfuncionario con el presidente Abinader, de quien fue su jefe de campaña: ¿habrá consecuencias, y se dará el siguiente paso? Parece una pregunta necia cuando se piensa que el mandatario ha reiterado que el funcionario que se equivoque enfrentará la justicia. ”En este país, quien la hace la paga”, ha dicho con firmeza, y me cuento entre los que le hemos tomado la palabra. Que con un poco de paciencia, y dándole tiempo al tiempo, tendremos la oportunidad de comprobar si la cumplió a cabalidad o encontró la forma de salirse por la tangente.