El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Nelson Toca Simó, y el director jurídico de esta cartera, César Avilés Coste, sometieron a la justicia a los dirigentes de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), Arnulfo Rivas y Juan Ignacio Espaillat, acusados de presunta difamación contra ambos funcionarios.

“La acción penal privada con constitución en acción civil fue presentada por ante el magistrado Teófilo Andújar, juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y en la misma piden que tanto Rivas como Espaillat sean condenados a un año de prisión y una indemnización de cinco millones de pesos en favor de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI), conforme los artículos 29 y 31 de la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento”, destaca un comunicado.

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Toca Simó y Avilés Coste, quienes tienen como abogados apoderados especiales a Laura Acosta Lora y Manuel Alejandro Rodríguez, solicitan al tribunal que condene a Rivas y a Espaillat publicar en todos los periódicos de circulación nacional un desagravio público como espacio pagado, donde se retracten expresa y claramente de las imputaciones difamatorias proferidas en contra de ambos funcionarios y que además anexen el texto de la sentencia condenatoria, cita la nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.

Explica que la acusación de Toca Simó y Avilés Coste en contra de Rivas y Espaillat se fundamenta en que el presidente de Anadegas , en declaraciones que recoge la prensa nacional el 8 de mayo de 2019, afirmó que funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes apadrinan el contrabando de carburantes y se reparten el botín.

Rivas también declaró públicamente que funcionarios del MICM han autorizado el funcionamiento de mil 262 tanques de patio que operan en todo el territorio nacional, que estarían recibiendo combustibles fuera del sistema y conocen los nombres de los implicados, manifiesta el comunicado.

Agrega que Espaillat culpó a Avilés Coste de ser quien provoca los aumentos en los combustibles y a Toca Simó supuestamente de que se queda callado.

Previo a la presentación de la querella, tanto Toca Simó y Avilés Coste, como el propio Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, habían solicitado a Rivas y a Espaillat que aportaran las pruebas de sus denuncias acerca de que había funcionarios involucrados en la venta de combustibles ilegales, pero ellos no lo hicieron.

Posteriormente ambos funcionarios solicitaron a los dirigentes de Anadegas una retractación pública por la falsedad de sus acusaciones, pero estos no lo hicieron, por lo que el caso se ventilará en los tribunales ordinarios.

Mediante una notificación por acto de alguacil, Toca Simó y Avilés Coste rechazan y desmienten “de manera absoluta y categórica las imputaciones difamatorias” vertidas en su contra por Rivas y Espaillat, en declaraciones a la prensa, difundidas por medios de comunicación y redes sociales.

Igualmente, les intiman a de forma inmediata cesen y se abstengan de continuar difamando y reiterando las afirmaciones difamatorias en su contra.

En la ocasión, Toca Simó y Avilés Coste exigieron a Rivas y a Espaillat “que en un plazo no mayor de 24 horas, procedan a rectificar y retractar sus declaraciones difamatorias”, vertidas en su contra.