A 15 años de la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social y el régimen de pensiones, en el país no se está asegurando los derechos humanos y constitucionales de todos los dominicanos y dominicanas a la Seguridad Social, sino que más bien se ha instaurado un sistema condenado al fracaso y un negocio con fines de lucro que beneficia a unos pocos con jugosas ganancias y una renta parasitaria no productiva ni fruto del esfuerzo empresarial, mediante el sacrificio de la mayoría.

El sistema de capitalización individual en manos de empresas financieras ha resultado un fracaso, empezando por su máximo exponente, Chile, lo cual invita a cuestionarse porqué mantenerlo en República Dominicana.

Así consta en el informe Pensiones: ¿seguridad social o gran negocio? Radiografía del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y propuestas para un nuevo modelo que recoge los resultados de una investigación realizada por la Fundación Juan Bosch conjuntamente con la fundación Sol, de Chile, y la Organización Internacional Médicos del Mundo.

El informe señala que las ganancias de las AFP ya superan los 500 millones de dólares, y que como suele ocurrir en los sistemas privados de capitalización individual, la rentabilidad que genera el negocio de las AFP supera con creces la rentabilidad que se obtiene para los fondos que éstas administran.

Dice que el sistema de cuentas individuales es esencialmente antisolidario y genera bajísimas tasas de reemplazo y, por tanto, jubilaciones de pobreza, a diferencia de los sistemas de reparto que existen en los países desarrollados y naciones latinoamericanas que son modelos en materia de pensiones.

«En particular, entre 2004 y 2015, el negocio de las AFP registró una rentabilidad anual promedio sobre su patrimonio de 35,8%, mientras la rentabilidad real anualizada de los fondos ha sido de 4,98%», señala uno de los hallazgos de la investigación.

Sobre el método de inversión indica que el 69,9% de los fondos de pensiones que administran las AFP están invertidos en instituciones públicas, ya sea instrumentos financieros emitidos por el Banco Central o Bonos del Gobierno Central, lo cual permite al Estado de República Dominicana contar con mayor liquidez para hacer frente al gasto público y la capitalización del Banco Central.

La investigación se llevó a cabo durante los últimos meses de 2015 y el primer semestre de 2016.

No obstante, agrega que esto permite a la vez la ganancia parasitaria de unos pocos a costa del erario y del esfuerzo colectivo. El resto (24,9%) se invierte en certificados de depósitos y Bonos corporativos de Bancos Comerciales y de Servicios Múltiples.

La investigación se llevó a cabo durante los últimos meses de 2015 y el primer semestre de 2016. El grueso de los antecedentes utilizados proviene de fuentes oficiales con información pública, como la Superintendencia de Pensiones de República Dominicana, el Ministerio de Hacienda, las páginas de cada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y otros organismos de seguridad social del país.

También pudieron acceder a metadatos del sistema de pensiones público, mediante la solicitud de Fundación Juan Bosch al organismo pertinente. Dichos datos fueron revisados y se exponen algunos procesamientos en el mismo informe.

Además, realizaron la revisión de los estados financieros auditados de las AFP, accediendo a ellos desde el sitio web de la Superintendencia de Pensiones.