Exlegislador indicó Estado no recibió “ni un chele” de BNDES, para construcción de Punta Catalina

El exsenador Tommy Galán deploró ayer que durante la investigación del caso Odebrecht el Ministerio Público no se ocupara de contar con una asesoría que le permitiera conocer el funcionamiento del Congreso con relación al tratamiento de los contratos de financiamientos, y que por ignorancia le asignara un rol estelar inexistente en la práctica en ese poder del Estado.

Habló así ante las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, luego de que su defensa concluyera la incorporación de 118 pruebas documentales, y la presentación de tres testigos que depusieron en su favor para contradecir acusaciones que le hace el MP respecto de bienes que posee y que supuestamente habría adquirido con dinero producto de sobornos.

El expresidente de la Comisión de Hacienda explicó todo el procedimiento y las particularidades para el conocimiento y aprobación de los préstamos y particularizó en el proyecto de la termoeléctrica de Punta Catalina, cuya inversión fue de US$650 millones.

Afirmó que el destino de una obra no depende de la aprobación o no del Congreso a donde dijo “llega totalmente consumado”, y para demostrarlo puso el ejemplo de la termoeléctrica de Punta Catalina, cuyos trabajos fueron iniciados por Odebrecht el 2 de enero de 2014, sin embargo el contrato llegó al Congreso el 24 de abril, es decir, cuatro meses después de comenzada la obra.

“Algunos entendían que era ilegal iniciar los trabajos antes de que el Congreso aprobara el contrato, pero ahí no se violentó nada porque la naturaleza de lo que se discute en el Congreso no está vinculado a la adquisición y al derecho ya adquirido por Odebrecht”, subrayó Galán.

¿Por qué aprobaron PC? Explicó que ese contrato fue aprobado porque había exenciones de combustibles y de todos los materiales y equipos que venían desde Brasil, de donde provendría el financiamiento para Punta Catalina a través del Banco de Desarrollo Brasileño y si no aprobaban Odebrecht pagaría los impuestos y el perjuicio no era para la constructora porque eso provocaría modificar el contrato sobre el monto de inversión de esa obra y al final sería el Estado el que pagaría esos impuestos.

Gobierno no recibió nada. El exlegislador peledeísta indicó que el Estado no recibió “ni un chele” del BNDES, que acompañaba los financiamientos de Odebrecht, para la construcción de Punta Catalina, no obstante el contrato firmado el 10 de febrero de 2015.

“Ese financiamiento no se ejecutó y el gobierno cambió la fuente de financiamiento, porque el interés en la obra era suya; eso no está en manos del Senado”, sostuvo Galán.

Agregó que entonces fue enviado al Congreso el proyecto de ley que autoriza el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Hacienda, a sustituir los valores de deuda pública en financiamiento contemplado en el acuerdo con BNDES ascendentes a US$656 millones, “y a disponer la emisión y colocación de valores de deuda pública hasta un monto de US$ 600 millones o su equivalente en moneda extranjera” para la construcción de Punta Catalina.

Los testigos. Sobre la villa que tiene Galán en la sección Duveaux y que el MP valoró en RD$44 millones, los ingenieros tasadores Omar Rodríguez Izquierdo y Sergio Díaz Rodríguez, estimaron que su valor en RD$23 millones en el 2018; y RD$10.2 millones en 2007.

Rodríguez Izquierdo dijo que fue contratado por el exsenador en 2018 para tasar el inmueble y determinar su valor del mercado a esa fecha; que lo hizo “in situ” y utilizó un sistema de depreciación. Dijo que la propiedad está en un área de 23 metros cuadrados y unos 600 de construcción.

“Se valoraron 15 mejoras, una parte de la Villa que tenía 20 años y otra parte que tenía 11 años, y el valor con todas las mejoras es de RD$23 millones”.

Díaz Rodríguez, de su lado, dijo que hizo una tasación “retrospectiva” como era en 2007, año en que dijo, en el país no había registro de costo de mercado, por lo que entrevistó a personas mayores que residen en el área desde entonces para tener un parámetro del valor prevaleciente en el año indicado.