Me resisto a creer, como denuncia la oposición, que el Gobierno esté detrás de la decisión de los diputados del PRM que votaron en bloque por llevar a un juicio político que haría saltar de sus cargos a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Lo digo porque el PRM llegó al gobierno apalancado por la promesa de enfrentar la corrupción peledeísta de la que estábamos hartos, promesa que el presidente Luis Abinader hizo una realidad nombrando un Ministerio Público independiente que inició una serie de procesos judiciales contra exfuncionarios de la pasada gestión que la sociedad –lo dicen las encuestas– aplaude.

Por eso digo también que actuando así van en sentido contrario de la lógica y el buen sentido, pues estarían desmantelando la Cámara de Cuentas cuando más la necesita un Ministerio Público al que todavía le queda mucho trabajo por hacer y con muchos expedientes cocinándose a fuego lento. ¿Qué ganan con eso el PRM y el gobierno?

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Además de que, como ya han advertido legisladores de la oposición, el PRM no cuenta con los votos suficientes en la cámara baja, con lo que el oficialismo se expone a sufrir una derrota tan dolorosa como innecesaria.

Está claro que los intereses políticos han sido obstáculo para que los integrantes de esa Comisión Especial pudieran realizar una investigación más o menos objetiva, que pudiera establecer responsabilidades individuales sin que tengan que pagar justos por pecadores, pero eso no había manera de evitarlo debido a que las manos largas de los políticos ya habían contaminado su designación en el Senado de la República.

Lo que sí se podría evitar es que los diputados oficialistas hagan ese papelazo sin ningún beneficio, pero no queda claro a qué autoridad corresponde hacer, en el gobierno o en el PRM, el oportuno llamado de atención, recordándoles que el galloloquismo político se paga muy caro, especialmente cuando se está en el poder y ya se le ha cogido el gusto a los carguitos.