La semana pasada el doctor Trajano Vidal Potentini, declarado ganador de las elecciones del Colegio de Abogados, emitió un comunicado público en el que le pedía al presidente Luis Abinader que interviniera “urgentemente” en la crisis que mantiene al gremio paralizado y su presidencia en un limbo jurídico.

Aunque la petición no sorprendió conocido el peso excesivo del presidencialismo en nuestra cultura política, sí llamó la atención que lo hiciera una persona que, por su condición de jurista, debería ser la última a la que se le ocurriera plantear lo que constituye un claro injerencismo de un poder del Estado en otro, y al margen de los cauces institucionales previstos para la solución del conflicto entre los abogados que participaron en ese proceso, algunos de los cuales depositaron recursos en procura de anular sus resultados en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

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¿Qué clase de intervención esperaba el doctor Potentini que hiciera el presidente Abinader en un caso que ya está en manos de la justicia? Eso nunca quedó claro ya que el peticionario no se ocupó de aclararlo en su comunicado, pero tampoco lo hizo cuando se le criticó que le pidiera al mandatario meter la cuchara en un caso que no es de su competencia por aquello de la separación de poderes, etcétera.

La sentencia del TSE ordenando que se vuelvan a contar los votos, tras declarar nula la alianza que le dio la victoria por haber sido pactada fuera del plazo que establecen los estatutos del CARD, complica aun más las cosas para el doctor Potentini, quien calificó la decisión como una “grosera injerencia” del gobierno que atenta contra el Estado de Derecho y la Constitución; lo que claramente indica que esa no era la clase de intervención que tenía en mente cuando hizo su insólita petición.

Tanta incoherencia tiene, en buen dominicano, una sola explicación, y no precisamente jurídica: galloloquismo.