El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero afirmó ayer que aunque no todas las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional contra órganos de la administración pública son fáciles de ejecutar, el gobierno trabaja continuamente en acatarlas, sin importar que la mayoría son parte de las “conductas antijurídicas” del pasado que esta administración procura corregir.

Refirió que desde que el presidente del TC Milton Ray Guevara declaró en enero pasado que varias sentencias de la alta corte estaban siendo desacatadas por órganos públicos, solicitó el listado de las mismas con el fin “de continuar el indetenible camino trillado por este Gobierno” de llevar el comportamiento de la administración pública al estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.

Informó que con ese propósito la Consultoría Jurídica además de los habituales requerimientos de acatamiento de sentencias judiciales y constitucionales que hace a todos los órganos de la administración pública, ha remitido otros a todos los que tienen pendiente de ejecución alguna sentencia del órgano “extrapoder”.

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Refirió que de 73 sentencias desacatadas que habían hasta mayo pasado según la lista que le suministró el TC, 68 fueron emitidas durante administraciones pasadas, e indicó que como el Poder Ejecutivo tiene claro el principio de continuidad del Estado, respetará lo todo decidido por la alta corte.

“El presidente Luis Abinader tiene claro el principio de continuidad del Estado, y en su Gobierno la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva nunca perderán su vigor y eficacia”, dijo Peralta Romero.

Los obstáculos

Entre las dificultades que tienen algunas sentencias para ser ejecutadas, Peralta Romero citó las que requieren inscripción en partidas presupuestarias futuras o localización de terrenos del Estado para sustituir a otros ya enajenados por terceros, de tal suerte que el cumplimiento cabal de las sentencias no constituya un daño ulterior para terceros o para el propio Estado.

No obstante, el funcionario afirmó que el presidente Abinader es respetuoso del carácter vinculante e irrevocable que a las decisiones del TC le atribuye la Constitución.